Tras más de 24 horas de discusión, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la nueva Ley General de Aguas, una reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum que redefine el marco legal para el uso, administración y distribución del agua en México. El dictamen fue avalado con 324 votos a favor, 118 en contra y dos abstenciones, pese a protestas de grupos de agricultores.
La propuesta reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de la actual Ley de Aguas Nacionales, con el propósito de ordenar concesiones, regular el uso del agua en procesos productivos y garantizar su disponibilidad para toda la población.
Senado alista aprobación acelerada
En el Senado, el legislador de Morena Adán Augusto López anunció que solicitará la dispensa de trámites para evitar que el dictamen sea enviado a comisiones y permitir que pase directamente al pleno para su discusión y votación. La aprobación acelerada requerirá el respaldo de dos terceras partes de la cámara.
“Vamos a pedir la dispensa de los trámites. Se ha trabajado muy bien en Cámara de Diputados”, declaró.
Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado recordó que la colegisladora realizó diversos ajustes al proyecto para atender inquietudes expresadas en los foros de consulta, entre ellas temas de sucesión y derechos. Sostuvo que el texto actual incorpora dichas observaciones.
López afirmó que las principales demandas de los productores ya fueron atendidas y atribuyó parte de las inconformidades a intereses políticos: “Los acaparadores de agua están detrás de esto”, señaló. También destacó que, una vez aprobada la ley, corresponderá a los legisladores socializar la reforma en sus estados y distritos.
El Senado prevé sesionar martes y miércoles de la próxima semana, y de ser necesario el jueves, para abordar las minutas enviadas por la Cámara de Diputados, incluida la reforma hídrica. En ese mismo periodo se prevé discutir el tema de vapeadores.
¿Qué establece la nueva Ley General de Aguas?
La reforma redefine el papel del Estado mexicano al convertirlo en el único responsable de regular el uso del agua. Entre sus principales contenidos destacan:
- Fin de las transferencias de derechos entre particulares.
Las concesiones ya no podrán intercambiarse o venderse entre usuarios; será la Conagua la autoridad encargada de redistribuirlas cuando sea necesario. - Concesiones con uso obligatorio.
Cualquier concesión que no se utilice conforme al propósito autorizado deberá regresar a Conagua para una asignación más eficiente. - Régimen único de control.
Se delinean acciones y responsabilidades para autoridades municipales, estatales y federales en la gestión del agua. - Catálogo de responsabilidad hídrica.
Reconoce prácticas sostenibles y obligaciones para concesionarios y asignatarios. - Creación del Registro Nacional del Agua.
Una nueva plataforma para fortalecer la transparencia y el control sobre concesiones y asignaciones.
De avanzar sin modificaciones en el Senado, la Ley General de Aguas representaría uno de los cambios más profundos en la política hídrica de las últimas décadas, al centralizar la regulación y limitar el intercambio privado de derechos.