El Senado aprobó en lo general, con 85 votos a favor y 36 en contra, la nueva Ley General de Aguas, un dictamen impulsado por la mayoría oficialista y avalado bajo dispensa de trámites, lo que aceleró su discusión y desató críticas de la oposición.
La reforma busca regular el derecho humano al agua, reforzar la rectoría del Estado sobre el recurso y modificar diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Sin embargo, el debate se vio marcado por acusaciones entre legisladores de Morena, PAN y PRI, quienes se señalaron mutuamente por el presunto acaparamiento de concesiones.
Durante la sesión, los escaños se llenaron de carteles cruzados:
– Desde el PRI se reclamó que la ley “traiciona a los campesinos” y afecta al sector rural.
– Morena respondió con mensajes como “el agua es un derecho, no un negocio”.
La confrontación escaló cuando senadoras del PAN desplegaron una manta con la imagen de un campesino y la advertencia: “Expropiar el agua es condenar al campo a la pobreza”.
El dictamen establece que Conagua deberá crear un programa para evitar concentraciones excesivas de agua y garantizar una gestión hídrica responsable durante la aplicación de la ley.
La discusión en lo particular seguirá, mientras la oposición acusa imposición y el bloque oficialista defiende la urgencia de reorganizar el manejo del recurso en México.