El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado presentó una iniciativa para frenar la entrega irregular de doctorados honoris causa por parte de instituciones educativas privadas, cuando estos se conceden a cambio de pagos, favores o cualquier tipo de contraprestación.
Los legisladores señalaron que este reconocimiento es la máxima distinción honorífica del ámbito universitario y debe otorgarse únicamente a personas con méritos comprobables y trayectorias sobresalientes, no mediante procedimientos exprés que abren la puerta a fraudes académicos.
La propuesta plantea reformas a la Ley General de Educación para prohibir de manera expresa que particulares concedan grados honoríficos a cambio de beneficios económicos o intercambios, además de tipificar esta práctica como una infracción sancionable.
Asimismo, se propone modificar la Ley General de Educación Superior para establecer que solo instituciones públicas o privadas con reconocimiento oficial puedan otorgar doctorados honoris causa, siempre bajo criterios normativos claros y sin que exista lucro para ninguna de las partes.
El PRI destacó que universidades como la UNAM y La Salle mantienen procesos estrictos que incluyen la postulación por comités académicos, evaluación de méritos, dictámenes formales y ceremonias oficiales, estándares que —subrayaron— deben prevalecer en todo el sistema educativo.
Los senadores afirmaron que la reforma busca proteger la integridad académica y evitar que el prestigio universitario se convierta en una mercancía, al tiempo que se garantiza que estos reconocimientos recaigan únicamente en personas cuya trayectoria aporte valor real a la sociedad.