Javier Velázquez/Grupo Marmor
La empresa MEXIM INTERMICH, S.A. de C.V. ha promovido un juicio político ante el Congreso de Michoacán en contra del presidente municipal de Coahuayana, Andrés Rafael Aguilar Mendoza, por incumplir sistemáticamente resoluciones judiciales firmes durante más de una década.
Según el escrito presentado, el ayuntamiento ha desatendido un convenio judicial elevado a cosa juzgada dentro del juicio ordinario civil 983/2011, relacionado con el pago de una deuda derivada de un contrato de obra pública.
El adeudo original, reconocido por el Ayuntamiento de Coahuayana en 2012, ascendía a 8 millones 308 mil pesos, cantidad que debía liquidarse en un plazo máximo de 12 meses.
Sin embargo, el incumplimiento dio lugar a nuevas condenas por intereses moratorios y actualizaciones, lo que elevó el monto total a más de 21 millones de pesos, según diversas sentencias interlocutorias emitidas entre 2017 y 2025.
Los promotores del juicio político, Jorge Mariano Díaz Pérez y David Israel Díaz Pérez, argumentan que la conducta del alcalde vulnera el derecho humano de acceso efectivo a la justicia, consagrado en el artículo 17 de la Constitución, además de transgredir el principio de supremacía constitucional al ignorar resoluciones judiciales firmes.
El Congreso de Michoacán deberá determinar en las próximas semanas si admite a trámite el juicio político y da inicio al proceso legislativo correspondiente.
El presidente municipal de Coahuayana ha declarado estar tranquilo ante la situación, asegurando que el tema no es de su administración y que se está trabajando para atender la deuda, sin embargo, los solicitantes del juicio político piden que se impongan sanciones que podrían incluir la destitución del cargo e inhabilitación del presidente municipal.