Una de las familias afectadas por el descarrilamiento del Tren Interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre en Oaxaca presentó este lunes una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de lesiones y abuso de autoridad, señalando a las empresas contratistas responsables de la obra ferroviaria.
La querella fue interpuesta por el despacho Vega Mac Gregor Arellano Abogados en representación de Juan Manuel Iglesias, Flor del Carmen Temích y su hijo Alexis Iglesias Temích, quienes resultaron lesionados en el accidente que dejó un saldo de 14 personas fallecidas. Aunque los afectados no acudieron personalmente, su defensa informó que la acción legal busca aportar información relevante a la investigación federal en curso.
El abogado Adrián Arellano explicó que la familia se dirigía desde Ciudad Juárez hacia Oaxaca por actividades de misión cuando ocurrió el siniestro, y subrayó que el objetivo de la denuncia es garantizar la participación activa de las víctimas en el proceso judicial. Advirtió que la reparación del daño podría extenderse por más de dos años.
Arellano señaló que los afectados recurrieron a la vía legal para evitar que el caso quede en el olvido una vez que disminuya la atención mediática, y enfatizó que buscan esclarecer las causas reales del descarrilamiento y las posibles responsabilidades por omisiones y actos de corrupción.
En comunicación telefónica, Juan Manuel Iglesias sostuvo que la denuncia apunta a funcionarios y responsables que no cumplieron con su deber. Relató que su familia permanece hospitalizada con carencias de insumos médicos y falta de sensibilidad por parte del personal, mientras aún hay 11 personas bajo vigilancia médica.
Iglesias detalló que su hijo sufrió una herida en la cabeza que requirió 18 puntos de sutura, además de una lesión en el brazo que ameritó cirugía; él presenta una lesión de segundo grado en el tobillo y su esposa una afectación cervical de primer grado.
La defensa legal indicó que, con base en observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entre 2019 y febrero de 2025, la denuncia involucra presuntas irregularidades atribuibles a las empresas Comsa Infraestructuras, Grupo Constructor Diamante y Daniferrotools, por deficiencias en supervisión, construcción y rehabilitación de la vía.
Asimismo, se destacó que no existe evidencia documental ni fotográfica suficiente que respalde los trabajos realizados por dichas compañías.
Respecto a las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que no es necesario iniciar procesos legales adicionales para recibir atención, Iglesias respondió que su intención es evitar que las autoridades cierren el acceso a la justicia para las víctimas.
Finalmente, el abogado Arellano hizo un llamado a las autoridades federales para que el acompañamiento jurídico gratuito sea visto como un apoyo para esclarecer los hechos y no como un obstáculo en la investigación del accidente del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.