Julieta Coria/Grupo Marmor
Tras el descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido a finales de diciembre de 2025, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció que las personas afectadas se encuentran en su pleno derecho de presentar denuncias y contratar defensa legal si así lo deciden.
No obstante, durante sus conferencias matutinas realizadas a inicios de enero de 2026, la mandataria federal reiteró que no considera necesario que las víctimas recurran a abogados privados o despachos externos, al advertir que algunos de estos buscan obtener comisiones de las indemnizaciones que recibirían los afectados.
Sheinbaum recomendó que las personas lesionadas o perjudicadas por el accidente se acerquen directamente a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), instancia que —dijo— será la encargada de canalizar los apoyos y garantizar la reparación integral del daño, sin intermediarios.
Asimismo, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene investigaciones abiertas para deslindar responsabilidades tanto de servidores públicos como de empresas constructoras, por lo que sostuvo que las denuncias individuales no son indispensables para que el Estado actúe.
Como parte de las medidas iniciales, el Gobierno Federal anunció la entrega de un apoyo económico de 30 mil pesos a cada persona afectada, además de la cobertura de gastos médicos y traslados derivados del incidente.
Pese a estas recomendaciones, grupos de víctimas ya han presentado denuncias penales ante la FGR por presuntos delitos como lesiones, abuso de autoridad y uso indebido de funciones, acompañados por defensa legal externa, al considerar necesario un seguimiento jurídico independiente del proceso.