Julieta Coria/Grupo Marmor
La administración del presidente Donald Trump anunció la suspensión indefinida del trámite de visados de inmigración para ciudadanos de 75 países, una medida que entrará en vigor a partir del 21 de enero. La decisión fue confirmada por el Departamento de Estado y reportada por agencias internacionales como Reuters y Associated Press.
La disposición afecta exclusivamente a las visas de inmigrante, es decir, aquellas que permiten residir de manera permanente en Estados Unidos. Entre los países incluidos se encuentran Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua, Uruguay, así como Rusia, Irán, Afganistán e Irak, además de naciones de África, Asia y Medio Oriente. La lista completa abarca regiones consideradas por el gobierno estadounidense como de “alto riesgo migratorio”.
De acuerdo con autoridades estadounidenses, el objetivo central de la medida es impedir el ingreso de personas que puedan depender de programas de asistencia pública. Para ello, se reforzarán los criterios de evaluación conocidos como “carga pública”, los cuales permiten negar una visa cuando se considera que el solicitante podría requerir apoyo económico del Estado.
Los nuevos lineamientos contemplan rechazos basados en factores como la edad, el estado de salud, la situación financiera, la capacidad laboral y el nivel de dominio del idioma inglés. Mientras se implementan estos filtros más estrictos, los consulados estadounidenses deberán detener el procesamiento de nuevas solicitudes de visas de inmigración provenientes de los países señalados.
La suspensión no contempla a los visados temporales, como los de turismo, estudios o trabajo, los cuales continuarán tramitándose bajo las reglas habituales. Tampoco implica la cancelación automática de visas ya otorgadas, aunque sí frena la aprobación de nuevos casos.
El Departamento de Estado no ha establecido una fecha para reanudar el trámite y ha señalado que la pausa se mantendrá mientras se revisan y fortalecen los mecanismos de verificación. La decisión ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y comunidades migrantes, que advierten posibles impactos en procesos de reunificación familiar y movilidad internacional.
Esta acción se suma a una serie de políticas migratorias restrictivas impulsadas por Trump desde su regreso a la presidencia, marcando un endurecimiento en el control del acceso legal a Estados Unidos.