El reciente intento del Gobierno de México de registrar todas las líneas móviles vinculándolas a la identidad de sus usuarios ha enfrentado fallos técnicos, vulnerabilidades de seguridad y fuertes críticas desde su inicio el 9 de enero de 2026. Usuarios han reportado dificultades para completar el trámite, mientras que organizaciones de defensa de derechos digitales alertan que errores en las plataformas de operadores como Telcel expusieron datos personales, lo que ha generado desconfianza sobre la protección de la información sensible.
Expertos también señalan que registrar y vincular más de 160 millones de líneas en menos de seis meses es una tarea casi imposible por falta de infraestructura adecuada, y advierten que el proceso podría incluso aumentar riesgos de seguridad en lugar de reducirlos.
El objetivo oficial de la medida es combatir delitos como la extorsión telefónica, pero críticos cuestionan su eficacia y alertan sobre posibles implicaciones en la privacidad y la vigilancia sin control judicial.