Julieta Coria/Grupo Marmor
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que ha renovado su flotilla vehicular con la adquisición de nueve camionetas blindadas tipo Jeep Grand Cherokee, una para cada uno de los nueve ministros que integran el máximo tribunal constitucional de México, decisión que ha generado cuestionamientos sobre su necesidad, costo y transparencia.
De acuerdo con la información oficial difundida por la Corte, la compra responde a criterios de seguridad institucional y prevención, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de protección e integridad personal para ministras y ministros. Las unidades anteriores, explicó la institución, ya no cumplían con los estándares de seguridad requeridos, por lo que su continuidad “comprometería la operación”.
Las camionetas Jeep Grand Cherokee que se adquirieron —y que circularán este año— tienen un precio base estimado entre aproximadamente 1.07 y 1.78 millones de pesos por unidad, sin contar el costo adicional del blindaje especializado y otras adecuaciones de seguridad que, según reportes periodísticos, pueden elevar el valor final de cada unidad por encima de 3 millones de pesos.
La decisión de compra también formó parte de un cambio en el esquema de contratación vehicular: la SCJN sustituyó un contrato de arrendamiento de vehículos por la compra directa, lo que —según la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo— representó un **ahorro superior a 1 000 millones de pesos para el Poder Judicial de la Federación.
Aunque la Corte ha señalado que la adquisición se realizó conforme a la normatividad interna vigente (Acuerdo General de Administración de 2019) y con respaldo de opiniones técnicas de autoridades federales, no se han dado a conocer públicamente todos los detalles del proceso, como la justificación específica en materia de riesgo o amenazas particulares que hayan motivado la compra.
La presidenta Sheinbaum ha pedido a la SCJN que transparente completamente la operación, incluyendo motivos de seguridad, criterios utilizados y montos finales de la compra, ya que —subrayó— corresponde al propio Poder Judicial rendir cuentas ante la opinión pública sobre este tipo de decisiones.
La adquisición se da en un contexto de debate público sobre administración de recursos, austeridad y el equilibrio entre seguridad institucional y percepción ciudadana respecto al gasto de altos funcionarios