En México continúa el intenso debate sobre la legalización de la eutanasia, después de que una iniciativa ciudadana conocida como Ley Trasciende fuera presentada ante el Congreso de la Unión con el objetivo de autorizar la muerte médicamente asistida para personas con enfermedades terminales o crónico-degenerativas debilitantes que expresen su voluntad libre, informada y reiterada de morir.
Quienes promueven la propuesta sostienen que permitir la eutanasia es reconocer la autonomía y dignidad de los pacientes, así como su derecho a una muerte digna sin dolor ni sufrimiento prolongado, especialmente en condiciones de salud que han agotado todas las opciones terapéuticas. Una encuesta realizada por una organización civil indica que más del 70 % de los mexicanos estaría a favor de legalizar la eutanasia o el suicidio médicamente asistido en casos de enfermedad terminal.
Sin embargo, expertos y críticos advierten que avanzar en la legalización requiere primero resolver profundas desigualdades en el acceso a cuidados paliativos, acompañamiento médico y apoyo familiar real, ya que en muchas regiones del país estos servicios son insuficientes o inexistentes y las familias cargan con el peso económico y emocional del cuidado prolongado. Según voces bioéticas, permitir la eutanasia sin garantizar alternativas de alivio y apoyo puede confundir el deseo de morir con el agotamiento que produce la falta de opciones.
Además, diversos sectores —incluida la Iglesia católica y asociaciones médicas— sostienen que la eutanasia no debe presentarse como la salida ante el sufrimiento, y que se deben priorizar los cuidados paliativos para ofrecer consuelo hasta el final natural de la vida.
Actualmente, la eutanasia sigue siendo ilegal en México; lo que sí se reconoce en algunas entidades es la voluntad anticipada, un derecho que permite decidir si se desea o no recibir ciertos tratamientos que prolonguen innecesariamente la vida, pero no autoriza la eutanasia activa.
Este debate ético, sanitario y legal plantea preguntas profundas sobre el valor de la autonomía individual, la justicia en el acceso a la salud y las responsabilidades del Estado y la sociedad hacia quienes enfrentan enfermedades graves y dolorosas.