Maricruz López/Grupo Marmor
La muerte de una mujer que esperaba la entrega de un medicamento de alto costo volvió a poner en el centro del debate la situación del sistema de salud en Colombia. El caso, ocurrido en 2026, generó reacciones de autoridades sanitarias y abrió cuestionamientos sobre los tiempos de suministro y la gestión de tratamientos especializados.
De acuerdo con información oficial de la Ministerio de Salud y Protección Social, el acceso a medicamentos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud debe garantizarse a través de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Sin embargo, pacientes y organizaciones han señalado retrasos en la autorización y entrega de ciertos fármacos, particularmente aquellos de alto costo o uso especializado.
La Defensoría del Pueblo ha advertido en informes recientes sobre el incremento de quejas relacionadas con barreras de acceso a servicios médicos y medicamentos. Según datos de esa entidad, las principales reclamaciones se concentran en demoras en tratamientos, falta de disponibilidad y trámites administrativos prolongados.
Expertos en salud pública de la Universidad Nacional de Colombia han señalado en análisis académicos que los problemas estructurales del sistema, sumados a dificultades financieras de algunas EPS, impactan en la continuidad de la atención. Las autoridades nacionales indicaron que el caso será revisado conforme a los protocolos establecidos y reiteraron que se mantienen mesas de trabajo para fortalecer el suministro oportuno de medicamentos.