En el Estado de México, un grupo de legisladores del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentó una iniciativa para modificar la Constitución estatal y establecer un tope salarial máximo de 100 404 pesos mensuales netos para todos los servidores públicos, equivalente al sueldo de la persona titular del Poder Ejecutivo estatal. Esta medida se plantea en un contexto de exigencias ciudadanas de transparencia, austeridad y equidad en el uso de los recursos públicos.
De aprobarse la reforma, quedaría establecido de forma clara que ningún funcionario en la administración pública mexiquense podrá percibir un ingreso mayor que el del gobernador o gobernadora en funciones, lo que incluye a servidores de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, organismos autónomos y ayuntamientos. Quienes actualmente ganen más tendrían que ajustar sus salarios conforme a los nuevos tabuladores dentro de un plazo de 180 días naturales tras la entrada en vigor de la reforma.
El diputado que impulsó la iniciativa argumenta que este tope fortalecería la legitimidad y la confianza social en las instituciones, al tiempo que se alinearía con el espíritu de austeridad republicana y moderación en el gasto público que ha promovido la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. El ajuste salarial, además, no afectaría los derechos laborales adquiridos como antigüedad o prestaciones reconocidas por la ley.
Los promotores de la propuesta aseguran que esta medida contribuiría a reducir desigualdades en las percepciones dentro de la burocracia estatal y a reforzar la disciplina presupuestal en la administración pública, dotando de un marco legal claro para los límites salariales.