La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó una propuesta de reforma constitucional y legal en materia electoral, denominada “Plan B”, con la que busca reducir privilegios en el sistema político y fomentar una mayor participación ciudadana.
Entre los principales planteamientos se encuentra la imposición de topes al uso de recursos en congresos locales y cabildos, donde se propone un máximo de 15 regidores por ayuntamiento. Además, se contempla establecer límites salariales para consejeros y magistrados electorales, tanto a nivel federal como local, para que ninguno perciba ingresos superiores a los de la titular del Ejecutivo.
En materia de participación ciudadana, Sheinbaum planteó modificar la consulta de revocación de mandato para que se realice el primer domingo de junio del tercer año de gobierno, y no únicamente en el cuarto año como ocurre actualmente.
Otro de los cambios propuestos es que el cómputo de la elección federal inicie desde la llegada del primer paquete electoral, con el objetivo de agilizar los resultados.
La mandataria señaló que insistirá en la necesidad de reducir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral y limitar los recursos destinados a los partidos políticos, medidas que, recordó, no fueron aprobadas previamente por la oposición y algunos legisladores del Partido Verde y del PT.
Asimismo, destacó que la propuesta contempla mayor transparencia en el uso de recursos por parte de los partidos, con el fin de evitar excesos en salarios, bonos o prestaciones. También se plantea reforzar los mecanismos de fiscalización, incluso con la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera cuando sea necesario, para garantizar el origen legal de los recursos y prevenir desvíos de fondos públicos.