Luego de un hecho de alto impacto en el que un adolescente es detenido en el lugar, el procedimiento legal inicia bajo la figura de flagrancia, lo que permite a las autoridades actuar de inmediato sin necesidad de una orden judicial. Este supuesto se configura cuando el menor es sorprendido cometiendo el delito, perseguido tras el hecho o identificado de forma inmediata por testigos, además de encontrarse con elementos que lo vinculen, como el arma utilizada.
De acuerdo con la normativa vigente, la retención inicial no puede exceder las 36 horas. Durante este tiempo, los elementos policiacos están obligados a poner al menor a disposición del Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes. En caso de que la detención haya sido realizada por un civil, este debe entregarlo de inmediato a la autoridad correspondiente.
Una vez que el caso llega al Ministerio Público, se analiza si existen elementos suficientes para judicializarlo. De ser así, el adolescente es presentado ante un juez especializado, quien dará seguimiento al proceso. En caso contrario, la autoridad puede optar por continuar investigando o incluso ordenar su liberación si no hay основания legales para mantenerlo retenido.
Mientras se desarrolla el proceso, el juez puede dictar medidas cautelares con el objetivo de garantizar la comparecencia del menor y el adecuado desarrollo del caso. Estas pueden ir desde restricciones para salir de la localidad hasta la supervisión por parte de un tutor o institución, buscando evitar en la medida de lo posible la privación de la libertad.
Sin embargo, cuando se trata de delitos graves como el homicidio, la legislación contempla el internamiento como una posible sanción. Esta medida implica el traslado del menor a un centro especializado, donde permanecerá bajo resguardo mientras cumple con la sanción impuesta, la cual será determinada conforme a la gravedad del delito.