Javier Velázquez/Grupo Marmor
La comunidad indígena de Arantepacua, en Michoacán, considera que las órdenes de aprehensión giradas contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo y 15 colaboradores son apenas un primer paso hacia la justicia.
Los habitantes de la comunidad, víctimas de violaciones graves a los derechos humanos en 2017, exigen que se ejecuten las órdenes de manera inmediata y se juzgue a los responsables por los crímenes cometidos.
Entre los acusados se encuentran Juan Bernardo Corona Martínez, exsecretario de Seguridad Pública, y Adrián López Solís, exfiscal general, a quienes se acusa de operar la orden de Aureoles y obstaculizar la investigación, respectivamente.
La comunidad recuerda que los hechos resultaron en cuatro víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 10 de actos de tortura, 38 de tratos crueles y 48 de detención arbitraria.
Las órdenes de aprehensión fueron emitidas por homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura, y se suman a otras ya existentes contra Silvano Aureoles y sus colaboradores por peculado, ejercicio indebido del servicio público y asociación delictuosa.
La comunidad reconoce el trabajo de la Fiscalía General del Estado y su titular, Carlos Torres Piña, por su disposición para trabajar en equipo con la comunidad.
La comunidad exige el cumplimiento de las medidas de reparación del daño, prometidas por el actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en 2022, pero que aún no se han concretado, si no se atienden sus demandas, la comunidad recurrirá a su derecho a la protesta social y continuará luchando por la justicia.
Las 16 órdenes de aprehensión se dieron a conocer el 27 de marzo de 2026, y la comunidad está atenta a que se ejecuten y se juzgue a los responsables.