El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), rechazó el reciente informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, en donde se acusó que este delito en el país se ha perpetrado a tales niveles que podría considerarse crimen de lesa humanidad. En un pronunciamiento, la Cancillería advirtió que este informe es tendencioso y no consideró las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno Federal.
“Los argumentos no coinciden ni con la definición de desaparición forzada del propio comité, ni los avances institucionales logrados desde 2019 y en particular desde 2025”, señaló.
De acuerdo con la SRE, el procedimiento de la Convención fue diseñado para casos en que las desapariciones forzadas son cometidas de manera generalizada y sistemática por agentes del Estado, y en que las autoridades se niegan a actuar y cooperar, lo que “no corresponde a la realidad del México actual”.
El Gobierno mexicano indicó que si bien el informe se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo de 2009 a 2017, durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, “la decisión del Comité es parcial y sesgada”.
“El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, resaltamos que en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo”, enfatizaron. Indicaron que el propio Comité reconoce en los párrafos 117 y 118 de su decisión “que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión”.
Dichos señalamientos, apuntaron las Secretarías, reflejan la situación actual del país, diferente a la de periodos anteriores