Redacción / Grupo Marmor
Una niña de tres años sufrió abusos sexuales mientras permanecía bajo custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) en Texas, tras haber sido separada de su madre al cruzar la frontera en septiembre pasado. El presunto agresor sería otro menor de edad que residía en el mismo hogar de acogida temporal.
La denuncia, presentada por el padre de la menor, quien es residente legal permanente en Chicago, señala que las autoridades federales no solo permitieron que la niña permaneciera retenida durante cinco meses, sino que intentaron ocultar el crimen calificándolo inicialmente como un “accidente”.
El padre solo logró enterarse de la verdad detrás las lesiones de su hija tras presentar una demanda de habeas corpus ante un tribunal federal para exigir su liberación.
En este caso, el proceso de reunificación se retrasó de forma injustificada por la falta de citas para la toma de huellas dactilares y pruebas de ADN, requisitos impuestos a pesar de que el padre acreditó su identidad y estatus legal desde el primer día de la detención.
Aunque la pequeña ya logró reencontrarse con su padre, el daño psicológico es evidente. Los familiares reportan que la niña padece pesadillas y alteraciones de conducta tras el trauma vivido en el centro financiado por el gobierno. Mientras tanto, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) evitó dar declaraciones detalladas, limitándose a señalar que no comentan sobre litigios en curso, mientras la sociedad civil exige una revisión urgente de los protocolos que mantienen a niños vulnerables lejos de sus padres por periodos prolongados