Margarita Arreola/ Grupo Marmor
Carlos Torres Piña, fiscal general del estado, refirió que hay dos denuncias formales por empresas particulares que resultaron afectadas por la marcha de Arantepacua el lunes pasado, argumentó que en próximos días se reunirán con el sector comercial para la evaluación de daños.
Por su parte el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó que el estado tiene la obligación de atender las demandas de la comunidad de Arantepacua porque existe una recomendación vigente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para resarcir el daño por la muerte de cuatro comuneros a manos de la Policía de Michoacán en 2017.
Añadió que el ex gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, tiene una orden de aprehensión por homicidio en este caso de Arantepacua, pero también existe contra 15 ex funcionarios más.
En ese sentido el titular de la FGE externó que el líder criminal que se resguardó en aquel momento en la comunidad, apodado “El Beny” fue detenido y sus declaraciones se incorporaron a la carpeta de investigación sobre este hecho que ocurrió el cinco de abril de 2017.
Cabe destacar que en la manifestación de comuneros en días recientes pidieron cárcel inmediata para Aureoles Conejo y Juan Bernardo Corona Martínez, ex secretario de seguridad, en el recorrido que hicieron en la capital del estado, para exigir justicia, quemaron al menos seis vehículos y realizaron destrozos en edificios públicos