Redacción / Grupo Marmor
Este viernes 15 de mayo se confirmó la detención de Gerardo Mérida Sánchez y Enrique Díaz Vega, exsecretarios de Seguridad Pública y de Administración y Finanzas, respectivamente, durante la gestión del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya.
Ambos exfuncionarios forman parte de una lista de 10 colaboradores de alto nivel requeridos por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York por cargos graves de narcotráfico, conspiración y posesión de armas exclusivas del ejército. Las capturas ocurren apenas un día después de que la Fiscalía General de la República (FGR) de México rechazara detenerlos provisionalmente bajo el argumento de una supuesta “falta de pruebas”, postura que fue defendida públicamente por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El general retirado Gerardo Mérida Sánchez, quien encabezó la seguridad sinaloense hasta diciembre de 2024, ignoró un amparo que un juez federal de Michoacán le había concedido para frenar su extradición y decidió entregarse voluntariamente el pasado 11 de mayo en la garita de Nogales, Arizona. De acuerdo con registros del Buró Federal de Prisiones (BOP), el exmando militar ya fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, donde este viernes compareció ante una jueza federal y se declaró “no culpable” de haber recibido millonarios sobornos de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán a cambio de alertarles anticipadamente sobre redadas policiales en sus narcolaboratorios.
Por su parte, el empresario inmobiliario y exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, fue detenido en Europa tras pactar su entrega inmediata con el Departamento de Justicia estadounidense. La acusación de la Corte de Nueva York señala a Díaz Vega como el canal de comunicación entre el gobierno estatal y la facción de “Los Chapitos”. Según las investigaciones de las agencias norteamericanas, previo a las elecciones de 2021, el exencargado de las finanzas se reunió personalmente con Iván y Alfredo Guzmán Salazar para entregarles una lista con nombres y direcciones de los rivales políticos de Rocha Moya, con el fin de que fueran intimidados y obligados a retirarse de la contienda electoral.
Esta estrategia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, revelada por The New York Times, en la que se ha instruido a los fiscales federales a triplicar las acusaciones contra políticos mexicanos vinculados al narcotráfico e incluso fincarles cargos por terrorismo, sin importar las tensiones diplomáticas que esto genere con la administración de Claudia Sheinbaum. Especialistas en seguridad señalan que la entrega voluntaria de ambos exfuncionarios vuelve obsoletos los tratados de extradición con México y da inicio el proceso donde buscarán convertirse en testigos protegidos, mientras Rubén Rocha Moya podría ser acreedor a sentencia mínima de 40 años, si es capturado.