Julieta Coria/Grupo Marmor
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó categóricamente que su gobierno utilice las instituciones de justicia con fines políticos en el proceso penal contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, luego de que dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) acusaran una persecución en su contra.
Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria fue cuestionada sobre las declaraciones del líder nacional del PAN, Jorge Romero, quien afirmó que no existen pruebas suficientes para sostener que Ruffo encabeza una red de contrabando de combustible y que el exgobernador es víctima de “justicia selectiva”.
“No, es falso, absolutamente falso. Y la Fiscalía dio muchísimas pruebas. No es solamente el exgobernador, sino, por lo menos, de ocho detenidos de un modelo de contrabando de combustible que es un fraude al Estado mexicano”, respondió Sheinbaum.
El caso, más allá de Ruffo
La presidenta subrayó que la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) no se centra únicamente en el exgobernador panista, sino que forma parte de una indagatoria más amplia sobre una red dedicada al llamado huachicol fiscal, esquema mediante el cual se evade el pago de impuestos y se comercializan hidrocarburos de manera irregular.
De acuerdo con las autoridades, ya se han ejecutado al menos ocho órdenes de aprehensión, y las investigaciones continúan para identificar a más empresas y empresarios presuntamente involucrados en la introducción y distribución ilegal de combustible al país, incluyendo el uso de declaraciones aduaneras falsas o incompletas para evadir impuestos.
Antecedentes del caso
Ruffo Appel, quien gobernó Baja California entre 1989 y 1995 por el PAN, fue detenido el pasado 17 de julio en Ensenada y trasladado a la Ciudad de México. Según la titular de la FGR, Ernestina Godoy, el exmandatario operaba lo que describió como la red de contrabando de combustible más grande detectada hasta el momento. Actualmente permanece recluido en el Penal del Altiplano.
Sheinbaum ha insistido en que la investigación tiene un año de desarrollo y que corresponderá a los jueces determinar, con base en las pruebas presentadas por la FGR, la responsabilidad del exgobernador de manera imparcial.