Por Claudia Luna Palencia
España está en el ojo del huracán del cambio climático: el presidente del Gobierno, Pedro Sáchez, decidió declarar 211 zonas de emergencia tras los incendios forestales y otras más afectadas, por otro tipo de incidentes graves, como las inundaciones de hace unos meses.
Se trata de una declaración para agilizar los trámites, para solicitar las ayudas y comenzar la reconstrucción. Simplemente, los más recientes incendios forestales en la Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo dejaron a más de un centenar de viviendas calcinadas y decenas de negocios rurales destruidos.
Este anuncio, incluye a 14 comunidades autónomas y abre el acceso a la ayuda para viviendas dañadas, empresas, autoridades locales e infraestructuras públicas. Al hacerlo, se permite que la gente damnificada pueda acceder de forma más rápida a la gestión de asistencia financiera; tener cierto alivio fiscal y recibir subsidios.
La declaración abarca desastres registrados entre, el 31 de marzo y el 27 de julio, la mayoría de ellos incendios forestales. El acuerdo del Gabinete incluye los principales incendios en Madrid, Ávila y Toledo, así como el incendio de La Vall d’Uixó en Castellón.
Cabe señalar que, la medida es mucho más amplia que el apoyo de emergencia esperado para los incendios récord de esta semana. También cubre incendios forestales, tormentas, inundaciones, incidentes costeros, deslizamientos de tierra y emergencias industriales reportadas durante la primavera y el verano.
Además, el perímetro de acción incluye a los territorios afectados distribuidos en Andalucía, Aragón, las Islas Baleares, Asturias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Navarra, el País Vasco, Murcia y la Comunidad Valenciana.
El Gobierno también ha incluido el incendio de La Vall d’Uixó en Castellón, que arrasó la zona de la Sierra de Espadán y obligó a miles de residentes a abandonar sus hogares o permanecer en casa debido al humo.
Al tener la denominación de zona de desastre, incluso el propio Gobierno y sus respectivos Ministerios, pueden solicitar ayudas y fondos a la Unión Europea. Esta ha sido una de las peticiones, de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.
La designación no significa automáticamente que cada persona afectada reciba un pago fijo. En cambio, crea el marco legal a través de particulares, empresas, ayuntamientos y otras organizaciones para facilitar los trámites pertinentes.
Los afectados deben conservar fotografías, presupuestos de reparación, facturas, documentos de seguro, informes oficiales y cualquier otra prueba que demuestre el estado de la propiedad o pertenencias tras la emergencia.
La declaración también cubre los gastos incurridos por cada Ayuntamiento al responder a una emergencia. Esto puede incluir alojamiento urgente, retirada de escombros, suministros de emergencia y otros costos municipales excepcionales.
Las autoridades locales pueden recibir subvenciones que cubran hasta el 50% de los proyectos elegibles para reparar infraestructuras, instalaciones y equipos municipales. Esto podría incluir carreteras dañadas, redes de agua, edificios públicos y servicios comunitarios.
En cuanto al apoyo al empleo y la Seguridad Social, se accede a exenciones o reducciones de contribuciones para empleadores y trabajadores autónomos cuya actividad se haya visto interrumpida.
El Gobierno también aprobó un beneficio laboral extraordinario para los trabajadores cuyos contratos deben suspenderse temporalmente debido a los incendios. No hay en estos momentos, un cálculo oficial, de cuántas personas han perdido sus casas y sus empleos se han visto dañados por estas catástrofes naturales recientes en España; sin embargo, algunas estimaciones señalan cerca de 30 mil personas afectadas.