Julieta Coria/ Grupo Marmor
La presidenta Claudia Sheinbaum negó que el Gobierno de México haya censurado a periodistas o medios de comunicación, luego de la polémica generada por la presentación de un supuesto esquema de amplificación de contenidos en redes sociales realizado por la consejera jurídica Luisa María Alcalde.
Durante su conferencia, Sheinbaum explicó que el señalamiento no buscaba establecer una “lista de malos periodistas”, sino mostrar cómo una noticia puede ser retomada y amplificada en redes sociales para generar determinadas tendencias de opinión.
Como ejemplo, mencionó contenidos relacionados con los términos “narcogobierno”, “narcopresidente” y “narcocandidata”, así como publicaciones sobre supuestas carencias de medicamentos en instituciones de salud que, según dijo, posteriormente fueron aclaradas por las propias autoridades.
La presidenta también señaló que en algunos casos se han utilizado fotografías o información de otros países para presentarlas como hechos ocurridos en México, lo que, consideró, contribuye a la difusión de información falsa o fuera de contexto.
Sheinbaum rechazó que exista una política de censura contra periodistas y medios. Afirmó que ningún comunicador ha sido retirado de un espacio por instrucciones de Presidencia y sostuvo que existe libertad para criticar al Gobierno.
Sin embargo, reconoció que la difusión de nombres de periodistas dentro de este tipo de presentaciones generó preocupación y señaló que, si ello provocó el problema actual, “que ya no se digan estos nombres”.
La mandataria defendió, en cambio, que continúe el análisis sobre el funcionamiento de las redes sociales y los mecanismos mediante los cuales determinados contenidos pueden ser amplificados.
Asimismo, reivindicó el derecho de réplica del Gobierno frente a publicaciones de medios de comunicación y sostuvo que este mecanismo debe permitir responder cuando una información sea considerada falsa, inexacta o presentada fuera de contexto.
La polémica ocurre en medio del debate sobre los nuevos lineamientos para los derechos de las audiencias y las preocupaciones expresadas por organizaciones y sectores de medios sobre posibles efectos en la libertad de expresión.