Redacción/Grupo Marmor
Transportistas denunciaron presuntos abusos, extorsiones y revisiones irregulares que, aseguran, estarían siendo cometidos por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en la zona de Taretan.
Durante una entrevista colectiva, Luis Alfonso Ochoa Sánchez, delegado estatal de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (CONATRAM), señaló que existe un “hartazgo” entre los operadores por las situaciones que, según afirmó, se han presentado en la zona.
El representante transportista responsabilizó de manera directa al nuevo fiscal de investigación criminal de la FGR, a quien identificó como Valerio, y afirmó que desde su llegada se habrían intensificado los problemas para el sector.
Entre los señalamientos, Ochoa Sánchez acusó presuntas revisiones a vehículos de carga, apertura de contenedores procedentes del puerto y violación de sellos fiscales, además de supuestas retenciones de operadores.
“Nos han pedido hasta 200 mil pesos”, afirmó el dirigente, al referirse a las presuntas exigencias económicas que, según dijo, han enfrentado algunos transportistas.
También aseguró que estas acciones estarían afectando no solamente al transporte de carga, sino a pasajeros y turistas que circulan por la zona rumbo a Ixtapa.
El delegado de CONATRAM cuestionó que se realicen este tipo de revisiones en carretera y sostuvo que, cuando existe una situación fiscal que debe ser revisada, las autoridades cuentan con procedimientos y recintos fiscalizados para realizar las inspecciones correspondientes.
Ochoa Sánchez llamó a las autoridades federales a atender los señalamientos y garantizar condiciones de seguridad para quienes trabajan en el transporte.
“Estamos hartos”, expresó al señalar que el sector no está dispuesto a permitir lo que considera actos de abuso o extorsión.
Hasta el momento, los señalamientos corresponden a acusaciones realizadas por representantes del sector transportista y deberán ser investigados por las autoridades competentes para determinar si existe responsabilidad por parte de servidores públicos.
Los transportistas también hicieron referencia al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, impulsado por el Gobierno Federal, y pidieron que las acciones de seguridad contemplen la protección de quienes diariamente utilizan las carreteras del estado para trabajar.