Luisa María Alcalde propone modificar requisitos para quienes aspiren a encabezar el Ejecutivo federal

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Julieta Coria/Grupo Marmor

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, presentó una iniciativa para modificar los requisitos que deberán cumplir quienes aspiren a encabezar el Ejecutivo federal o estatal, particularmente en materia de nacionalidad.

La propuesta plantea modificar el Artículo 86 constitucional para establecer que, además de ser ciudadano o ciudadana mexicana por nacimiento, hijo o hija de padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos durante 20 años, las personas aspirantes no tengan ni adquieran otra nacionalidad.

En caso de contar con doble nacionalidad, la iniciativa contempla que deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro como candidato o candidata.

El planteamiento también establece restricciones para quien ejerza la Presidencia de la República, quien no podría adquirir o solicitar otra nacionalidad durante el ejercicio del cargo, ni invocar ante autoridades extranjeras una nacionalidad distinta de la mexicana.

La propuesta contempla que esta prohibición incluya el uso de pasaporte o documento de identidad expedido por un Estado extranjero, el ejercicio de derechos políticos inherentes a otra ciudadanía y el acogerse a la protección diplomática de otro país.

De acuerdo con la iniciativa, el incumplimiento de estas disposiciones sería sancionado conforme a lo establecido en el Título Cuarto de la Constitución.

La modificación no se limitaría al ámbito federal. La propuesta señala que una restricción similar se replique en el Artículo 116, referente a las gubernaturas, y en el Artículo 122, correspondiente a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Asimismo, se plantea una reforma a la Ley de Nacionalidad, con el objetivo de establecer reglas específicas para que las personas con doble nacionalidad puedan formalizar su renuncia ante las autoridades mexicanas y del país del cual también sean nacionales.

La iniciativa deberá continuar con el proceso legislativo correspondiente antes de que puedan concretarse las modificaciones planteadas.