Javier Velázquez/Grupo Marmor
El defensor de derechos humanos y líder de la fundación con su apellido, Luis Manuel Soto Sanabria denunció omisión de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Guardia Civil, para ejecutar medidas de protección a su favor, pese a que un juez de control las ordenó desde el 14 de agosto.
El activista acudió este martes a las oficinas de la FGE para presentar una ampliación de denuncia, al señalar que la Fiscalía ha girado oficios a la SSP y la corporación no ha acatado los mandamientos judiciales.
“Venimos a hacer una ampliación sobre la omisión que hay por parte de la Fiscalía y de la Guardia Civil. Hubo una resolución del juez para que se brindaran las medidas de protección y la Fiscalía le ha mandado oficios a la Secretaría y ha hecho omisión”, explicó.
Indicó que el viernes pasado se reunió con el vicefiscal encargado de despacho, Israel Vega, quien se comprometió a dar seguimiento puntual al caso, sin embargo a dos meses de los hechos no hay cumplimiento. “No sé si están esperando a que suceda algo irreparable en mi persona”, advirtió.
El origen de la denuncia es una amenaza recibida el 3 de julio en la Plaza 500 en el municipio de Uruapan, donde le dejaron una cruz fúnebre y un mensaje que decía que “dejara de jugarle al vergas”, que en municipio no tenía apoyo y que debía cooperar con “la empresa”. El defensor señaló que existe otra carpeta por extorsión y que las amenazas han continuado por teléfono.
Soto Sanabria cuenta con 17 años de trabajo comunitario en Uruapan y la región de Apatzingán y Los Reyes, y recordó que el 19 de enero de 2024 fue privado de la libertad para extorsionarlo y despojarlo de huertas de aguacate, atribuye las amenazas actuales a su activismo y no descarta que haya intereses detrás por su trabajo en comunidades.
Cuestionó que las autoridades argumenten falta de personal cuando en la propia Fiscalía se observa presencia de elementos. “Es un viacrucis pasar por la Fiscalía. Dicen no hay policías y entras y hay policías en la entrada, más allá más policías. No pido privilegios, solo que atiendan a los defensores de derechos humanos porque nuestra vida corre peligro”, dijo.
Lamentó que el expediente ya sume cerca de mil 500 fojas sin solución y que no se le hayan entregado los videos de vigilancia que el juez ordenó recabar para identificar a quienes dejaron la cruz.
Advirtió que hará un llamado al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario Omar García Harfuch, y solicitará que el caso sea atraído por la Federación si las autoridades locales se declaran incompetentes.