Margarita Arreola / Grupo Marmor
En medio de los señalamientos de comunidades indígenas sobre afectaciones a la salud y al entorno por la operación del campo geotérmico, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fortaleció el diálogo y abrió sus instalaciones a representantes del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) y a autoridades federales y estatales.
De acuerdo con el boletín oficial emitido este 4 de septiembre por la Coordinación de Comunicación de la CFE, la visita se realizó el 3 de septiembre en las instalaciones del Campo Geotérmico Los Azufres, en seguimiento a los acuerdos de la Séptima Sesión Ordinaria del Comité Interinstitucional de Calidad Ambiental y Salud Pública de Los Azufres y a solicitud de la Secretaría de Gobernación.
Durante el encuentro se realizó un recorrido por dos puntos de interés previamente planteados por las propias comunidades, relacionados con el proceso de operación geotérmica. La paraestatal señaló que el recorrido se hizo con plena apertura para conocer directamente las instalaciones y los procesos.
Este acercamiento ocurre tras meses de presión de comunidades del oriente del estado, principalmente de San Matías El Grande, municipio de Hidalgo, donde habitantes y autoridades comunales han denunciado una alta incidencia de enfermedad renal crónica.
Los pobladores han atribuido el problema a la operación de la central geotérmica de CFE. El caso escaló hasta la creación del Comité Interinstitucional de Calidad Ambiental y Salud Pública, en el que participan la Secretaría de Gobernación, el Gobierno de Michoacán, la Secretaría de Salud (SSM), Semarnat y la propia CFE.
Por su parte, la SSM informó que mantiene un tamizaje activo, principalmente en niñas y niños de San Matías, para establecer el perfil de la enfermedad. Hasta ahora, las autoridades de salud han señalado que las causas serían multifactoriales, asociadas a metales pesados presentes de forma natural en el agua y a estilos de vida, aunque la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) publicó un estudio donde advierte alteraciones ambientales derivadas del proceso geotérmico.
El CSIM, que agrupa a más de 70 comunidades, ha exigido estudios independientes de agua, suelo y aire, así como atención médica especializada y garantías de no afectación.