Por Claudia Luna Palencia / Grupo Marmor
No prosperó en el Congreso de los Diputados ni su primer, ni su segundo decreto para la vivienda, que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, prometió sacar adelante.
El mandatario español va de fracaso en fracaso en ocho años al frente de la Moncloa, de los que al menos cuatro años, no ha podido aprobar los Presupuestos Generales del Estado. Así es, España tiene hoy los mismos presupuestos de 2022.
Este viernes, en la votación en el Congreso, el presidente no logró convencer a parte de sus socios que, en su momento le ayudaron a formar Gobierno, en concreto el partido catalán Junts, le ha dado la espalda. De hecho, llevan varias semanas pidiéndole a Sánchez que convoque elecciones.
Ante su nuevo fracaso en el Congreso, el presidente anunció que este fin de semana se tomará un período de reflexión para decidir si convoca elecciones generales anticipadas. De ser así, el próximo noviembre o incluso en plena temporada navideña, la ciudadanía en España estaría convocada para las urnas.
Tras discutirse en el Congreso, el primer decreto sobre la vivienda fue rechazado con 172 votos a favor y 178 en contra; mientras que el segundo recibió 166 votos a favor y 184 en contra, con un total de 350 votos emitidos. La derrota llegó después de que Junts, el partido catalán proindependentista con siete miembros parlamentarios decidiera votar en contra de las medidas.
Para un Gobierno que no tiene mayoría propia en el Parlamento, el apoyo de partidos más pequeños es esencial para aprobar sus iniciativas. En este caso, la decisión de Junts dejó a Sánchez sin los votos necesarios para impulsar los decretos.
Las medidas propuestas por el Gobierno incluían, entre otras disposiciones, la renovación automática de los contratos de alquiler y una serie de restricciones al desalojo de ciertos inquilinos. Se llegó a incluir que los caseros indemnizaran con el pago de, hasta doce meses a sus inquilinos, por no renovarles el contrato.
En la Puerta del Sol siguen aumentando el número de personas, sobre todo jóvenes, que están acampando para exigir al Gobierno una solución real para el grave problema de la vivienda que vive España de forma estructural.
En los últimos días, la situación adquirió especial importancia tras el desalojo de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que se vio obligada a abandonar el apartamento donde había vivido en circunstancias privilegiadas durante casi siete décadas.
Durante el debate parlamentario, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, rechazó la idea de que la votación fuera simplemente una cuestión de negociaciones entre partidos. “El tema de hoy no trata sobre la aritmética parlamentaria, ni tampoco sobre negociaciones entre grupos políticos”.
“El problema de hoy es un conflicto de clases. Significa defender a una oligarquía internacional que está cobrando rentas a los trabajadores y dándole la espalda a su pueblo. Votar no a estos decretos es traicionar a tu gente para defender la búsqueda de rentas. No están comprendiendo del todo las consecuencias de lo que están haciendo”, dijo.
La dificultad para acceder a la vivienda ha surgido en los últimos años como una de las principales preocupaciones sociales en España, mientras que las protestas y el debate político en torno a este tema se han intensificado.
Por lo pronto, los diversos grupos sociales que están acampados en la Puerta de Sol, en pleno corazón de Madrid, como el Sindicato de Inquilinas ya anunciaron que seguirán luchando por sus derechos a una vivienda digna. No se descarta la convocatoria a una huelga general.