Claudia Luna Palencia / Grupo Marmor
El próximo 11 de noviembre, España tendrá una huelga general convocada por el Sindicato de Inquilinas a la que se ha unido la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO). Le llaman ya una huelga histórica.
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, declaró que esta huelga no solo se convoca por la grave situación del mercado de la vivienda en España también por el deterioro en el poder adquisitivo de los trabajadores. “Hay que mejorar los salarios”.
La paralización prevista será la primera huelga general respaldada tanto por UGT como por CCOO desde 2012, convirtiéndola en una movilización nacional significativa en lugar de una disputa aislada que involucre a una industria o un grupo de empleados. Para millones de personas que ya luchan por un mejor salario, el argumento detrás de la huelga trata sobre algo mucho más básico que una interrupción de un día: si tener un trabajo en España es suficiente para permitirse un lugar donde vivir.
Los líderes empresariales no ocultan su enfado: tanto la CEOE como la Cepyme, los principales grupos de empleadores en España, emitieron una declaración contundente y criticaron que ahora se pretenda perjudicar a los negocios por la politización del tema del mercado de la vivienda.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, dijo que la huelga por la vivienda no encaja en la definición habitual de conflicto laboral. También calificó el problema de la vivienda como real y complejo.
Por su parte, Ángela de Miguel, presidente de Cepyme, en declaraciones a TVE manifestó su rechazo a esta huelga y recordó que los pequeños empresarios no tienen la capacidad o la llave para resolver el problema de la vivienda.
“Un pequeño taller de Lorca, un panadero de Villanueva de la Serena o un productor de Padrón no tienen ninguna competencia sobre la vivienda ni ninguna solución que podamos ayudar a resolver”, reiteró.
Además, De Miguel puso énfasis en la situación de los propios pequeños empresarios: “Son ciudadanos que sufren el mismo problema de acceso al mercado residencial que el resto de la población. Muchos cuentan con ingresos por debajo de los 2 mil euros al mes”.
La empresaria pidió evitar la confrontación de dos bloques de personas o de ciudadanos: “La solución debe exigirse a los poderes públicos mediante políticas de Estado consensuadas”.
Mientras tanto, los partidos políticos de la oposición ven la mano del Gobierno en esta convocatoria y es que España tendrá elecciones generales anticipadas el próximo 26 de noviembre. Para el Partido Popular esta es una maniobra política y electoral.