Edgar Bravo Avellaneda / Grupo Marmor
En el Instituto Mexicano del Seguro Social hay dos cosas que no deberían admitir simulaciones: la recaudación de las cuotas obrero-patronales y la capacidad de quienes tienen la responsabilidad de administrarla. La primera sostiene buena parte de las prestaciones de millones de mexicanos; la segunda determina, en buena medida, que esos recursos lleguen oportunamente a las arcas institucionales.
Hoy ambas merecen una revisión rigurosa.
Al frente de la Dirección de Incorporación y Recaudación se encuentra Luisa Obrador Garrido Cuesta, funcionaria sobre cuya gestión deben formularse preguntas que no pueden responderse con discursos, fotografías institucionales ni ceremonias de autocomplacencia.
Durante años, la recaudación del IMSS fue motivo de reconocimiento. Entre 2021 y 2024, los ingresos obrero-patronales registraron un crecimiento real promedio anual de 5.7 por ciento y generaron excedentes acumulados por 117 mil 600 millones de pesos respecto de las metas establecidas. No se trataba de cantidades menores, sino de recursos indispensables para fortalecer las finanzas del sistema de seguridad social.
Sin embargo, las cifras posteriores obligan a examinar con cuidado el desempeño recaudatorio. El crecimiento nominal no necesariamente significa una mejora real, como tampoco un aumento respecto del año anterior garantiza el cumplimiento de las metas presupuestales.
La pregunta es inevitable: ¿cuánto está creciendo realmente la recaudación, cuánto debería estar creciendo y qué parte de sus resultados corresponde a una estrategia eficaz de fiscalización y cobranza?
Porque recaudar más pesos por el incremento de los salarios no es necesariamente sinónimo de una administración más eficiente. Una dirección verdaderamente competente debe acreditar resultados en recuperación de cartera, fiscalización, incorporación de trabajadores, combate a la evasión y cumplimiento oportuno de obligaciones patronales.
Y aquí comienza el segundo problema.
Con bombo y platillo, el IMSS anunció un concurso de oposición para integrar listas de reserva de quienes podrían ocupar las 35 Jefaturas de Servicios de Afiliación y Cobranza y las 133 Subdelegaciones del país.
Se presentó como un ejercicio histórico de profesionalización, transparencia y mérito. Hubo discursos, evaluaciones, presencia notarial y hasta un simbólico gong de la sabiduría.
Mucho ceremonial para un procedimiento cuya verdadera calidad debe juzgarse por sus resultados.
Porque un concurso no es transparente simplemente porque sus organizadores lo proclamen. Tampoco se convierte en meritocrático por aplicar exámenes, solicitar ensayos o integrar paneles de entrevistadores.
La transparencia exige conocer los criterios de evaluación, la ponderación de cada etapa, la integración de los comités, los mecanismos para prevenir conflictos de interés y las razones objetivas por las cuales determinados aspirantes obtienen mejores resultados que otros.
Y, sobre todo, exige demostrar que la experiencia institucional, la capacidad técnica y los resultados acreditados tienen un peso real en la selección.
Una Subdelegación del IMSS no es una oficina decorativa. Es una unidad estratégica que exige conocimientos profundos de derecho fiscal, seguridad social, procedimientos administrativos, auditoría patronal, cobranza y ejecución fiscal.
Lo mismo ocurre con las Jefaturas de Afiliación y Cobranza, responsables de conducir estructuras complejas, administrar riesgos y garantizar que las obligaciones de los patrones se traduzcan en recursos efectivos para el Instituto.
No son puestos para improvisados ni espacios donde deba confundirse la lealtad personal con la competencia profesional.
Por eso resulta indispensable que Luisa Obrador explique con absoluta claridad qué garantías ofrece el concurso para impedir que las evaluaciones terminen convirtiéndose en una formalidad que legitime decisiones discrecionales.
No afirmo que todos los resultados estén predeterminados ni que cada nombramiento responda a intereses ajenos al mérito. Afirmarlo exigiría pruebas específicas. Lo que sostengo es que una institución de esta importancia no puede pedir confianza ciega cuando tiene la obligación de ofrecer información verificable.
La presencia de un notario puede dar fe de determinados actos, pero no sustituye una auditoría técnica sobre la calidad de las evaluaciones ni demuestra, por sí sola, la imparcialidad de todas las decisiones.
Sería lamentable que la prometida profesionalización terminara siendo una sofisticada puesta en escena burocrática.
El IMSS necesita servidores públicos capaces de cobrar, fiscalizar, resolver y dirigir. No funcionarios expertos en aprobar ceremonias institucionales.
Y hay algo todavía más preocupante: cuando una administración dedica tanta energía a publicitar sus mecanismos de selección, resulta legítimo exigirle la misma intensidad para explicar sus indicadores de desempeño.
¿Cuál es la evolución real de la recaudación durante 2025 y 2026? ¿Cómo se comporta la cartera vencida? ¿Cuáles son los resultados de los actos de fiscalización? ¿Qué delegaciones y subdelegaciones cumplen sus metas y cuáles se encuentran rezagadas? ¿Qué criterios determinarán que los integrantes de las listas de reserva sean finalmente designados?
Esas respuestas importan mucho más que cualquier comunicado de prensa.
La seguridad social mexicana no puede convertirse en laboratorio de ocurrencias administrativas. Cada peso que deja de cobrarse cuando legalmente corresponde representa recursos que no llegan oportunamente al sistema. Y cada nombramiento equivocado puede comprometer años de experiencia institucional.
Luisa Obrador tiene derecho a defender su gestión, pero también la obligación de explicarla. El apellido de cualquier funcionario es irrelevante frente a la responsabilidad que implica administrar recursos públicos.
Sería deseable que el Consejo Técnico del IMSS, su Órgano Interno de Control y las instancias competentes revisaran tanto los indicadores de desempeño recaudatorio como la transparencia integral de los procedimientos de selección.
No para descalificar anticipadamente a quienes participaron de buena fe, sino precisamente para protegerlos y garantizar que los mejores perfiles tengan oportunidades reales.
Porque la profesionalización no consiste en inventar concursos vistosos. Consiste en construir instituciones donde el conocimiento, la experiencia, la probidad y los resultados prevalezcan sobre cualquier otra consideración.
La profesionalización no se decreta, se acredita. Y una evaluación que no permita conocer suficientemente cómo se valoró la trayectoria de los participantes corre el riesgo de convertirse en un costoso ejercicio de simulación.
Hay, además, una cuestión de fondo: ¿con qué autoridad puede una dirección presumir la selección de sus cuadros directivos si no somete sus propios resultados operativos al mismo nivel de escrutinio?
Sería conveniente que la titular de Incorporación y Recaudación hiciera públicos los indicadores comparativos de eficiencia recaudatoria, los resultados de fiscalización, la recuperación efectiva de créditos fiscales y el cumplimiento de metas por delegación y subdelegación.
También sería saludable que explicara cuánto costó el concurso, cuáles fueron sus mecanismos de control, cuántas inconformidades se presentaron y cómo se resolvieron.
Porque la rendición de cuentas no consiste en publicar fotografías de funcionarios sonrientes, sino en ofrecer información suficiente para que la sociedad pueda evaluar su desempeño.
El IMSS es demasiado importante para convertirlo en un laboratorio de ocurrencias administrativas. Su estructura recaudatoria se construyó durante décadas con el trabajo de miles de servidores públicos que conocen la complejidad de la seguridad social mexicana.
Despreciar esa experiencia sería un error. Sustituirla por criterios políticos, si así ocurriera, sería todavía peor.
Luisa Obrador tiene una oportunidad para demostrar que la profesionalización que pregona es auténtica: transparentar integralmente los resultados del concurso y someter la evolución de la recaudación a una evaluación pública, técnica e independiente.
Porque los cargos públicos no son patrimonio de sus titulares, los concursos no son ceremonias de legitimación y la recaudación no puede administrarse mediante discursos.
En el IMSS, la recaudación debería medirse en pesos y la capacidad de sus funcionarios en resultados, no en apellidos ni en concursos de escaparate.
Y si la recaudación pierde dinamismo mientras la propaganda institucional gana volumen, alguien tendrá que explicar por qué.
Porque cuando la eficiencia retrocede y la simulación avanza, el problema ya no es solamente administrativo: es de responsabilidad pública.