Javier Velázquez/Grupo Marmor
La construcción de una plaza de toros dentro del vaso del lago de Zirahuén, en el municipio de Salvador Escalante, fue denunciada en tribuna del Congreso del Estado por el diputado local del Partido del Trabajo, Hugo Rangel Vargas, quien advirtió que la obra representa una invasión a zona federal y un grave daño ambiental.
El legislador explicó que habitantes de la comunidad de Agua Verde acudieron al Congreso del Estado hace algunas semanas para exponerle la problemática, que consideraron delicada no solo por la edificación, sino por la omisión de las autoridades que deberían intervenir.
Los ciudadanos, dijo, le entregaron un expediente con denuncias interpuestas ante la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y peticiones formales dirigidas al Ayuntamiento de Salvador Escalante, sin que hasta ahora hayan tenido respuesta efectiva.
Rangel Vargas señaló que la obra no se limita a la franja federal, sino que se levanta dentro del propio vaso lacustre, lo que provoca contaminación por desechos, afectación visual y ruido que pone en riesgo a especies endémicas como el pez blanco.
Al hacer uso de la tribuna, citó la frase del ex presidente Andrés Manuel López Obrador sobre que el gobierno es un “elefante reumático al que hay que darle pellizcos en las costillas para que se mueva”, para justificar la necesidad de que el Estado actúe.
El diputado subrayó que la protección del patrimonio natural es una obligación suprema del Estado mexicano y que la invasión o modificación de una zona federal constituye un asunto de interés público mayor, que no puede resolverse con argumentos legaloides. Recordó que la Ley de Aguas Nacionales establece que la custodia de esos bienes corresponde al Ejecutivo federal a través de la Conagua.
Detalló que el Ayuntamiento de Salvador Escalante firmó desde la administración pasada un convenio con la Conagua para coadyuvar en el resguardo de la zona federal del lago de Zirahuén, pero acusó que la actual administración no solo incumple el acuerdo, sino que lo vulnera de manera abierta.
Como prueba, señaló que la presidenta municipal difundió hace unas semanas en sus redes sociales imágenes de la entrega de cemento para levantar dicha plaza, lo que a su juicio confirma que el gobierno local avala una construcción a todas luces ilegal.
Por ello, propuso un punto de acuerdo con dos solicitudes: que la Conagua cancele el convenio con el Ayuntamiento al haber sido violado y recupere plenamente la custodia de la zona federal, y que se ordene la demolición inmediata de las construcciones levantadas en el área protegida.
El legislador precisó que no pidió que el asunto se vote como de urgente y obvia resolución, pues confía en el análisis concienzudo de la comisión dictaminadora, a la que hará llegar el expediente ciudadano. Afirmó que la iniciativa no busca exhibir a las autoridades, sino respaldar desde el Congreso cualquier acción legal que emprendan tanto la Conagua como el propio municipio para restituir la legalidad.
El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente para su estudio, análisis y dictamen correspondiente.