Javier Velázquez/Grupo Marmor
A doce meses del asesinato del dirigente limonero Bernardo Bravo Manríquez, la presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, Amelí Gissel Navarro Lepe, refrendó su exigencia de una justicia integral y sostuvo que, aunque se han registrado avances, aún falta por esclarecer el caso.
En declaraciones ofrecidas durante un acto en memoria de su esposo, la magistrada afirmó que la exigencia de justicia es lo mínimo que puede pedir, no solo como familiar, sino como ciudadana ante un hecho que cimbró a la sociedad de Tierra Caliente.
Navarro Lepe reconoció que existen diligencias y personas detenidas, pero puntualizó que el proceso no concluye ahí, explicó que la justicia integral implica determinar si hay más implicados y quién ordenó el crimen, además de incorporar la perspectiva de defensor de derechos sociales que tenía Bravo.
Recordó que Bernardo fue un líder social que encabezó demandas legítimas del sector agrícola, como condiciones laborales dignas, pago justo por la producción y seguridad para las comunidades del Valle de Apatzingán, subrayó que defender esas causas no debía costarle la vida y que tenía derecho a regresar a casa tras alzar la voz.
La titular del TEEMICH señaló que tras su muerte se percibe un vacío de liderazgo en la región, pues muchos productores prefieren guardar silencio por temor y aseguró que su esposo representaba a una colectividad amplia y que su ausencia ha inhibido la participación social.
Cuestionada sobre el incremento de la violencia en Tierra Caliente, donde en días recientes una menor y su padre murieron por explosivos en caminos rurales, recordó que Bravo pidió en reiteradas ocasiones que las fuerzas de seguridad no dejaran de patrullar esas zonas; lamentó que hechos así sigan ocurriendo y que afecten directamente a la población civil.
Sobre el papel de la Federación y la posible visita de la presidenta a Apatzingán, indicó que cada autoridad tiene una competencia y un deber de dar resultados con las acciones que considere pertinentes en su ámbito.
Asimismo, enfatizó que Bernardo debe ser reconocido como defensor de derechos humanos y de causas sociales, lo que obliga jurídicamente a que la investigación se conduzca con debida diligencia, como lo ha señalado incluso la ONU en un pronunciamiento sobre el caso.
Finalmente, dijo que por el momento se concentrará en proteger a su familia y en mantener vivo el legado de su esposo, y reiteró que no pide tratos privilegiados, sino la justicia que le corresponde a cualquier ciudadano, aseguró que esperará los resultados del proceso en curso, aunque ninguna sentencia podrá reparar la pérdida irreparable de Bernardo.