Javier Velázquez/Grupo Marmor
El Congreso de Michoacán planteará un presupuesto de mil 623 millones de pesos para el ejercicio 2027, que ya contempla la aplicación del llamado Plan B a partir de la próxima legislatura, informó el presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García.
Precisó que la iniciativa, que este día será enviada al Ejecutivo para su análisis, se compone de mil 304 millones para el Poder Legislativo y 319 millones para la Auditoría Superior de Michoacán.
Detalló que, por la reforma que fija un tope de 0.70% del presupuesto estatal para el Congreso, el recurso se distribuirá en dos etapas: de enero al 15 de septiembre de 2027, la actual 76 Legislatura ejercerá mil 74 millones, y del 15 de septiembre al 31 de diciembre la 77 Legislatura dispondrá de 229 millones.
El comparativo con el año en curso muestra un aumento de 94 millones para el Congreso, que en 2026 ejerce mil 209 millones, y de 18 millones para la Auditoría, que pasará de 300 a 319 millones. Aclaró que la limitante del 0.70% aplica solo al Congreso, no al órgano fiscalizador.
Gaona García aseguró que el monto proyectado permite cubrir sin contratiempos el pago de nómina de personal de base, sindicalizado y por contrato, así como las liquidaciones del equipo de asesores y colaboradores que concluyen con el cambio de legislatura.
Otro componente central dijo son los pasivos laborales. Actualmente existen alrededor de 130 juicios vigentes. Al inicio de su presidencia había 120; se han cerrado cerca de 20, pero han ingresado nuevas demandas. Los acuerdos alcanzados han oscilado entre 50 mil y 2 millones 400 mil pesos, dependiendo de la antigüedad del caso.
Reconoció que la mala atención de los conflictos laborales en años anteriores ha encarecido las resoluciones, pues hay expedientes con 9 o 10 años de salarios caídos y sentencias por 2 millones 600 mil pesos que han tenido que negociarse. Señaló además que algunos demandantes prefieren no conciliar para acumular más salarios y obtener una compensación mayor.
El presupuesto, añadió, contempla también la cobertura de difusión legislativa, convenios con medios de comunicación y pago a proveedores, por lo que —de aprobarse como se plantea— la operación del Congreso en 2027 estaría garantizada.
Cuestionado sobre si la falta de un Servicio Civil de Carrera ha generado el crecimiento de laudos, admitió que se trata de un lastre recurrente, agravado por prácticas donde incluso exlegisladores han intervenido para asesorar a despedidos a cambio de un porcentaje, consideró que la Comisión de Régimen y Prácticas Parlamentarias debería retomar el tema y legislarlo, pues con la llegada del Plan B se vuelve indispensable, aunque reconoció que a la actual legislatura ya no le alcanzará el tiempo para concretarlo.