Javier Velázquez/Grupo Marmor
Este lunes, afiliados a la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (CANACAR) realizan una caravana sobre el libramiento de Morelia como parte del paro nacional del sector, para exigir atención a la inseguridad en carreteras y a la sobrerregulación que enfrentan.
El delegado estatal de la Cámara, Roberto Yáñez Aguilar, explicó que la movilización es consecuencia de múltiples reuniones con autoridades de los tres niveles de gobierno, en las que, aunque existe diálogo, no se han concretado soluciones a las problemáticas que expone el gremio.
Señaló que CANACAR es la única cámara del autotransporte reconocida como órgano de consulta a nivel nacional, y que siempre ha mostrado apertura para dialogar, sin embargo, en la elaboración de decretos, leyes y reglamentos no se toma en cuenta la opinión del sector ni el impacto que tendrán en la operación.
La principal preocupación, dijo, es la inseguridad en las carreteras del país. Los operadores son víctimas de robos, secuestros y homicidios cuando no se detienen ante asaltos o no logran entregar la mercancía. En lo que va del año, al menos 15 conductores afiliados a la Cámara han perdido la vida por esta causa, principalmente en estados como Puebla, Veracruz, Estado de México y Guanajuato.
En Michoacán, aclaró, no se han registrado asesinatos de operadores por robo en 2024, pero sí asaltos recurrentes, sobre todo en la Autopista de Occidente, en el tramo que va de Maravatío a Zamora. La mercancía más sustraída incluye abarrotes, acero, materiales para construcción, contenedores con aparatos electrónicos y refacciones, productos que luego se comercializan en tianguis y mercados informales.
El dirigente indicó que no existe un conteo preciso de asaltos a nivel nacional porque las denuncias se presentan ante distintas instancias y organizaciones. No obstante, CANACAR mantiene un call center donde los transportistas solicitan apoyo y se canaliza a la gerencia regional para gestionar auxilio y seguridad.
Otro eje de la inconformidad es la aplicación de reglamentos municipales y estatales no homologados con la normativa federal de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). En Michoacán, apuntó, esta situación se presenta principalmente en la zona oriente, en municipios como Maravatío y Tlalpujahua, donde policías municipales en colusión con servicios de grúas sin autorización imponen cobros de 100 a 200 mil pesos por arrastre y corralón por supuestamente circular sin permiso.
Yáñez Aguilar destacó que con Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública estatal existe buena coordinación en Michoacán, y que la decisión del gobernador de retirar facultades para infraccionar a la Guardia Civil ha disminuido las extorsiones. El problema, dijo, se concentra en corporaciones municipales y en otros estados con policías estatales.
Sobre la protesta de este día, reiteró que no se trata de bloqueos. En Morelia participan entre 50 y 70 unidades que recorrerán el libramiento ocupando solo un carril, para causar la menor afectación posible y sin impedir el paso de ambulancias y servicios médicos. La acción se replica en las principales ciudades y carreteras del país, con unidades paradas a un costado de casetas y vialidades.
Finalmente, rechazó lo señalado en un boletín de la Secretaría de Gobernación que indica que CANACAR se niega al diálogo. Aseguró que la Cámara siempre ha dialogado y que la convocatoria al paro se mantiene por parte de cuatro organizaciones: CANACAR, Fematrak y las dos fracciones de AMOTAC. Entre los motivos también está la reducción de estímulos fiscales para el autotransporte incluida en el paquete económico, que ya fue aprobada sin considerar la afectación al sector.