Javier Velázquez/Grupo Marmor
El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denunció que la convocatoria a una nueva audiencia para resolver una segunda solicitud de restitución del predio donde se asienta la colonia comunal Los Pilares, en Uruapan, es contraria a derecho y viola el principio de legalidad.
La organización informó que la Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio y Oral de la Región Uruapan, Claudia Isela Rodríguez Acosta, fijó para el 30 de octubre a las 9:00 horas, por videoconferencia, la audiencia para analizar la petición presentada por la empresa Galco Desarrollos S.A. de C.V. a través de Misael Padilla.
Señalaron que dicha decisión contradice su propio criterio emitido el pasado 9 de octubre, cuando declaró infundado el recurso de revocación promovido por la misma empresa, al considerar que se trataba de un asunto ya resuelto jurisdiccionalmente y que la restitución provisional había quedado debidamente cumplida.
Recordaron que el desalojo original se ejecutó el 22 de julio de este año, derivado de una orden de restitución provisional dictada el 6 de julio por el Juez Erick de Jesús, operativo que, aseguraron, dejó violaciones a derechos humanos, viviendas destruidas y pertenencias robadas, quedando asentado en actas que el inmueble fue entregado a Rafael Antonio Gallegos Chávez y a Misael Padilla Osornio.
Explicaron que tras el operativo el predio quedó abandonado y sin aseguramiento, por lo que los colonos regresaron a reconstruir sus casas, rehabilitar calles, el cableado eléctrico y el sistema de agua potable, lo que constituye, dijeron, un hecho jurídico nuevo y diferente en cuanto a tiempo, lugar y modo.
Por ello, indicaron que cuando el 10 de agosto se solicitó una nueva fecha de desalojo, un Juez de Control la negó al argumentar que la restitución ya se había materializado, conforme al informe del Ministerio Público.
El FNLS aseguró que el caso está viciado de origen, ya que Misael Padilla Osornio y/o Carlos Misael Padilla figura como imputado en la carpeta de investigación 137/2026 de la Fiscalía Regional de Uruapan, misma por la que están detenidos Gerónimo Torres, Jonathan Iván Govea y otros tres imputados, sin que se haya indagado su participación pese a testimonios presentados.
Cuestionaron que quien está denunciado funja como representante de la víctima y acusaron a la Fiscalía de actuar con parcialidad a favor del empresario, al no investigar su presunta responsabilidad.
Denunciaron además que existe una relación de complicidad con funcionarios del gobierno estatal, y señalaron que Tadeo Valdés Pérez, director de Relación con Organizaciones, habría intentado convencer a los colonos de abandonar el predio bajo amenaza de un nuevo escenario represivo.
Finalmente, hicieron un llamado al Poder Judicial de Michoacán para no avalar lo que consideran una pretensión ilegal, y alertaron que más de 180 familias, entre niñas, niños, mujeres y personas adultas mayores, están en riesgo de sufrir represión, violaciones a derechos humanos y desplazamiento forzado.