La crisis por el cierre de Ueno Bank escaló este miércoles al ámbito político, luego de que 35 legisladores de oposición presentaran una solicitud de juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, por presuntos conflictos de interés y cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos.
La institución, que contaba con aproximadamente 2.9 millones de clientes, fue intervenida por el Banco Central de Paraguay tras detectarse que su índice de solvencia cayó por debajo del 50% del mínimo legal requerido. La medida dejó suspendidos sus servicios bancarios y el acceso de los usuarios a sus cuentas.
En medio de las investigaciones, ocho directivos vinculados con la entidad fueron detenidos y el titular del Banco Central, Carlos Carvallo, presentó su renuncia a petición del mandatario.
Este miércoles, la Cámara de Diputados analiza una iniciativa para acelerar la devolución de depósitos mediante el Fondo de Garantía, mientras crece la preocupación por los aproximadamente 355 millones de dólares que el Instituto de Previsión Social mantiene invertidos en la institución.
Aunque la oposición impulsa responsabilidades políticas, todavía necesita reunir los votos necesarios para avanzar con el juicio político. Entretanto, las autoridades buscan garantizar los ahorros de los clientes y evitar que la crisis afecte al resto del sistema financiero paraguayo.