Redacción / Grupo Marmor
La coordinadora de la Defensa de la Transformación en Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, presentó este miércoles dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México. Las acusaciones están dirigidas contra el gobernador del estado, Samuel García Sepúlveda, y el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, por su presunta participación en delitos relacionados con el manejo ilícito de recursos públicos que, en conjunto, ascienden a más de 14 mil millones de pesos.
De acuerdo con la información difundida por medios, la primera denuncia involucra al gobernador Samuel García, a su esposa Mariana Rodríguez Cantú, y a su padre, Samuel Orlando García Mascorro. Flores Carrales solicitó que se les investigue por presunta delincuencia organizada, peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Esta acusación se basa en investigaciones periodísticas y en una reciente denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las cuales señalan una presunta red de transferencias financieras por 7 mil 212 millones de pesos. Según los señalamientos, recursos públicos habrían sido canalizados hacia empresas privadas que posteriormente transfirieron el dinero a un despacho jurídico vinculado al entorno familiar del gobernador. Adicionalmente, se acusó la celebración de contratos por 110 millones de pesos con empresas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Al ser cuestionado por la prensa local durante un evento en el municipio de Juárez, Nuevo León, sobre los señalamientos en su contra, Samuel García evitó profundizar en el tema y respondió: “No la conozco”, en referencia a la denuncia de la ASF, retirándose del lugar sin ofrecer mayores explicaciones.
El caso contra Adrián de la Garza
La segunda denuncia fue interpuesta en contra del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, y de la excontralora municipal Jovita Morín Flores. En este expediente, las acusaciones incluyen delincuencia organizada, cohecho y tráfico de influencias, todas vinculadas al polémico caso “Next Energy”. Según explicó Flores Carrales, este caso involucra la contratación irregular de un proyecto de parque solar que contempló una autorización presupuestal de 7 mil 370 millones de pesos, causando presuntas afectaciones a las arcas municipales.
Acompañada por el senador Alejandro Murat y el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, Clara Luz Flores solicitó la intervención formal de la Secretaría de Hacienda, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para rastrear los movimientos financieros, identificar a los beneficiarios finales de los recursos y determinar las responsabilidades penales correspondientes. Cabe señalar que la presentación de estas denuncias no representa, hasta el momento, una determinación oficial de culpabilidad, por lo que corresponderá a las autoridades federales investigar y deslindar responsabilidades.