Javier Velázquez/Grupo Marmor
Ignacio Hurtado Gómez, quien presidió el Instituto Electoral de Michoacán, rechazó que durante su administración se haya ejercido algún tipo de coacción para contratar a proveedores cercanos a la ex titular del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei Zavala tras señalamientos en su contra.
El ex funcionario sostuvo que, frente a la polémica nacional en torno a las contrataciones, es indispensable dejar en claro que en el órgano michoacano se trabajó con apego a la legalidad y que la institución sigue siendo digna de confianza.
Aseguró que los cimientos que se establecieron en su gestión permanecen firmes, entre ellos los procedimientos de compra vigilados por el Órgano Interno de Control y la difusión pública en tiempo real de los concursos, dichas medidas, explicó, contribuyen a dar certidumbre en el uso del dinero público, un rubro especialmente delicado para cualquier organismo electoral.
Hurtado Gómez recordó que bajo su conducción se llevaron a cabo tres elecciones: la de 2021, la de 2024 y la judicial de 2025, en las que se requirió adquirir papelería y equipamiento para las casillas; la papelería comprendía boletas, actas y carteles, mientras que el equipamiento incluía mamparas, urnas, cajas y paquetes electorales, precisó.
De las seis contrataciones efectuadas en esos comicios, cinco se asignaron a Talleres Gráficos de México, por lo que se privilegió a la compañía del Estado, ademas justificó esa determinación en tres factores: la trayectoria de la empresa en la elaboración de boletas, su solvencia técnica, los costos más bajos que presentaba frente a otros competidores, lo que permitió ahorros, y la intención de no adentrarse en un mercado que calificó como complicado.
La única adjudicación restante, comentó, fue para una firma denominada Grume, y aclaró que previo a ese concurso solo existieron aproximaciones de proveedores interesados en colaborar con el Instituto, esas aproximaciones, dijo, se dieron de manera particular, con manifestaciones de interés por participar, a las cuales respondió que debían ajustarse a la convocatoria y competir en igualdad de condiciones.
Reveló que en una ocasión recibió una llamada en la que se le sugirió tomar en cuenta a ciertas compañías, pero afirmó que no recuerda quién la realizó y que en ningún momento la interpretó como una imposición y recalcó que jamás habló directamente con la ex presidenta sobre el tema, ni alguna persona en representación de ella le pidió asignar un contrato a una empresa específica.
Para concluir, subrayó que las dos compañías mencionadas en publicaciones periodísticas quedaron fuera en la fase inicial de aquel concurso por incumplir requisitos, y que todo el proceso quedó documentado en actas, acuerdos y videos públicos de las sesiones de licitación.