Detienen en Colombia al juez mexicano Luis Benítez Alcántara por recibir sobornos del narcotráfico

Fachada del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, institución que acusa al juez mexicano Luis Benítez Alcántara de recibir sobornos millonarios.
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Redacción / Grupo Marmor

El juez federal mexicano Luis Benítez Alcántara fue detenido el pasado domingo 1 de noviembre en Bogotá, Colombia, durante un operativo conjunto entre autoridades estadounidenses y colombianas. El impartidor de justicia enfrenta nueve cargos en Estados Unidos por presuntamente recibir millonarios sobornos provenientes del narcotráfico, incluyendo vínculos con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con reportes de medios como El Sol de México y Europa Press, el Departamento de Justicia de EU señala que Benítez Alcántara recibió alrededor de 2 millones de dólares a cambio de otorgar la fianza y liberar a Andrew Clark, identificado como el segundo al mando de la red criminal liderada por el exatleta olímpico Ryan James Wedding, también conocido como “El Chapo canadiense”. Kash Patel, director del FBI, declaró que el juez “presuntamente aceptó sobornos y usó su cargo para ayudar al exfugitivo más buscado”.

El origen de las acusaciones

Las investigaciones indican que en octubre de 2024, Andrew Clark fue detenido en México por cargos de narcotráfico, homicidio e intento de homicidio. Benítez Alcántara, en su calidad de juez de distrito del Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, quedó a cargo de supervisar el proceso de extradición de Clark.

Sin embargo, las autoridades estadounidenses sostienen que entre noviembre de 2024 y febrero de 2025, intermediarios de Clark le transfirieron más de 2 millones de dólares al juez mediante depósitos fraccionados. Tras recibir la cantidad acordada, Benítez Alcántara modificó la medida cautelar y ordenó la liberación del acusado el 24 de febrero de 2025, a pesar de la solicitud de extradición vigente.

Aunque Clark fue recapturado días después y finalmente extraditado, el Departamento de Justicia inició un proceso legal contra el juez mexicano, quien podría enfrentar una pena máxima de 15 años de prisión por cada uno de los nueve cargos que se le imputan.