Javier Velázquez/Grupo Marmor
Personal del Poder Judicial de la Federación en Michoacán se sumó al paro indefinido convocado a nivel nacional, en rechazo a un acuerdo que condiciona su permanencia laboral a un nuevo proceso de evaluación.
La protesta fue encabezada por la delegada del Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Nelly Delvira Ríos, quien aseguró que la medida afecta a todos los circuitos de la República, explicó que el acuerdo se publicó un día antes en el Diario Oficial de la Federación y a partir de ese momento dejó sin efecto la base que ya habían obtenido los trabajadores.
La dirigente aclaró que el gremio no se opone a ser examinado, pues a lo largo de su trayectoria ha presentado pruebas para ingresar, permanecer y ascender dentro de la carrera judicial; lo que cuestionan, dijo, es el diseño de la evaluación, que consideran sancionador y que pone en riesgo la estabilidad que ya habían ganado con esfuerzo.
Detalló que la prueba de conocimientos únicamente representa el 40 por ciento de la calificación final, mientras que el resto se divide entre la valoración del juez titular y la de los propios compañeros de trabajo, ese esquema, advirtió, abre la puerta a que la permanencia dependa de afinidades personales y no solo de la capacidad profesional.
Señaló que quien no alcance la calificación requerida enfrentará el cese de manera inmediata, sin posibilidad de solicitar una revisión del resultado; además , indicó que el acuerdo solo concede dos años de estabilidad a quienes obtengan 8, 9 o 10, y un año a quienes logren 6 o 7, por lo que deberán volver a someterse al proceso en ese lapso.
Delvira Ríos lamentó que no se haya brindado capacitación previa al personal, pese a que se trata de un requisito indispensable antes de cualquier evaluación y cuestionó también que los jueces y magistrados electos por voto no se sometan al mismo criterio, aunque algunos de ellos no acreditaron exámenes anteriores y siguen en funciones.
En el caso de Michoacán, precisó que laboran alrededor de mil personas en 22 órganos jurisdiccionales, entre juzgados, tribunales colegiados, laborales y mercantiles, además de sedes en Uruapan y Apatzingán, de ese universo, aproximadamente 600 trabajadores cuentan con base y son los directamente afectados, mientras que el personal de confianza quedó fuera de la obligación de evaluarse.
Las pruebas están calendarizadas para el 4 y 8 de diciembre para secretarios y actuarios, y para el 14 y 15 del mismo mes para oficiales, con entrega de resultados en enero. La delegada señaló que la revisión quedará en manos del Tribunal de Disciplina, integrado también por funcionarios que llegaron por elección, sin que exista un mecanismo claro para impugnar.
Finalmente, exigió que se derogue el acuerdo y que cualquier evaluación sea exclusivamente de conocimientos, al 100 por ciento, sin la intervención del juez ni de los compañeros, y que los titulares también acrediten conocimientos antes de asumir el cargo.