Redacción / Grupo Marmor
Durante su conferencia matutina de este viernes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) necesita someterse a un proceso de saneamiento para garantizar la transparencia, la austeridad republicana y el respeto a la voluntad popular en los próximos comicios.
“Con la consigna de que el INE no se toca… El INE sí se tiene que sanear. A lo mejor decían ‘el INE no se toca’ para poder guardar toda esta mafia electoral que se construyó con ellos”, declaró la mandataria federal, cuestionando el lema utilizado por la oposición en defensas previas del instituto.
La titular del Ejecutivo señaló que los recientes destapes de presuntos actos de corrupción y de contratos millonarios otorgados a empresas vinculadas con funcionarios electorales evidencian la existencia de una red de negocios al amparo del poder público. Según su versión, esta estructura tendría antecedentes de administraciones pasadas y se fortaleció mediante relaciones entre funcionarios, proveedores y personajes formados en el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Señalamientos a pasadas gestiones y reformas
Sheinbaum también hizo referencia a Guadalupe Taddei, señalando que las presuntas irregularidades no deben limitarse a su gestión, sino que es un problema que “viene de lejos”. Además, la presidenta responsabilizó directamente a exdirigentes del organismo, como Lorenzo Córdova, bajo cuya gestión, recordó, se nombraron a casi todos los actuales integrantes de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
En este sentido, criticó la reforma electoral del 2014, derivada del llamado “Pacto por México”, la cual otorgó la facultad al Consejo General del INE de designar a los consejeros estatales en todo el país. “¿Cuándo antes era parte de los congresos estatales? 11 personas deciden los consejeros estatales de todo el país”, puntualizó.
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Por su parte, el partido político Somos anunció mediante un comunicado que interpondrá una demanda por daño moral y difamación en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum y de la secretaria anticorrupción, Raquel Buenrostro, acusándolas de intentar involucrar a la organización en señalamientos sin sustento para desviar la atención de la crisis institucional que atraviesa el INE.