Francia adelanta alza al salario mínimo por protestas; sindicatos dicen que son “migajas”

Protestas en Francia exigiendo mejores salarios ante la crisis por el costo de vida.
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Redacción / Grupo Marmor

En un intento por desactivar la grave crisis social que ha desatado masivas protestas desde septiembre, el Gobierno de Francia anunció que adelantará para el mes de diciembre la actualización anual del salario mínimo, la cual estaba prevista originalmente para enero de 2027.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, detalló tras una reunión con sindicatos y empresarios que el incremento será del 1.6%, lo que equivale a un aumento de 24 euros. Con esta medida, el salario mínimo pasará de 1,478 a 1,502 euros netos mensuales. “Este es el segundo mayor aumento en 20 años, por lo que no debería ser motivo de desprecio”, defendió el funcionario.

El alza busca calmar el descontento por el encarecimiento del costo de vida y el deterioro de los servicios públicos, factores que provocaron disturbios el pasado 17 de octubre en las principales ciudades del país, a tan solo cinco meses de las elecciones presidenciales.

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Sindicatos rechazan la medida y llaman a paro

Pese al esfuerzo del Gobierno —que tiene un margen presupuestario limitado por el elevado déficit del país—, las principales organizaciones sindicales rechazaron tajantemente la propuesta.

La Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) exigía una subida de 100 euros, mientras que la Confederación General del Trabajo (CGT) reclamaba un incremento de 150 euros netos. Sophie Binet, líder de la CGT, calificó el aumento de “migajas” que no alcanzan ni para un kilo de tomates. “La cólera no va a desaparecer por unos pocos euros adicionales… no hemos venido a mendigar”, sentenció, tras confirmar una nueva jornada de huelga general para el 17 de noviembre.

Por su parte, el sector empresarial también mostró preocupación. Michel Picon, líder de la Unión de Empresas de Proximidad (U2P), advirtió que trasladar el costo de las subidas salariales a los empleadores podría destruir el empleo y poner en peligro a miles de pequeños negocios si el Gobierno no aplica compensaciones fiscales.