La Fiscalía General de la República (FGR) descartó que Luis Videgaray, ex secretario de Hacienda, haya gestionado de manera ilegal recursos provenientes de partidas federales y de empresas públicas hasta por 10 millones de dólares, que presuntamente fueron entregados a diversos legisladores en el sexenio pasado para aprobar la reforma energética.
De acuerdo con un expediente judicial relacionado con el caso del ex senador Jorge Luis Lavalle, se menciona que en la denuncia presentada por el ex director de Pemex Emilio Lozoya se dijo que al parecer Luis Videgaray negoció esos recursos. Para la FGR no está acreditado que la obtención del dinero provenga de partidas federales; además, que, de haber ocurrido de esa manera, al ser dinero estatal, no puede atribuirse un origen ilícito, por lo que dicha hipótesis se descartó.
La teoría que sigue manteniendo la FGR es que los recursos que se utilizaron para sobornar a panistas provienen de la constructora brasileña Odebrecht, con la intención de obtener contratos en México. Según la indagatoria, el presidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray recibieron de Odebrecht los sobornos, mismos que a través de Lozoya fueron depositados en una cuenta radicada en las Islas Vírgenes Británicas.
Posteriormente, fueron retirados en efectivo para Peña y Videgaray, quienes a su vez hicieron llegar dichos recursos a los legisladores, entre ellos a Lavalle por medio de Rafael Jesús Caraveo, ex secretario de la Comisión de Administración en el Senado. La FGR también mantiene la hipótesis de que Fabiola Tapia, ex administradora de Construcciones Industriales Tapia (Citapia), y José Velasco, ex jefe de ayudantes de Lozoya, fueron testigos de esos recursos para sobornar a los panistas.
La empresa Citapia se asoció en su momento con Odebrecht para llevar a cabo obras en la refinería de Tula.
De esta manera, entre 2013 y 2014, Jorge Luis Lavalle probablemente recibió 97 millones 190 mil pesos para aprobar la reforma energética, de los cuales lavó 52 millones 390 mil pesos. La FGR presume que el monto de sobornos puede ser superior y que no solo recibió 15 entregas de dinero, pues Caraveo dijo al MP federal que se hicieron otras entregas en diciembre de 2013, en las que no se firmaron recibos y cuyo monto no recuerda.
La magistrada que estudió el amparo del ex senador señaló que con los datos de prueba analizados hay indicios de que Lavalle recibió recursos de manera ilegal. Esto se desprende las entrevistas realizadas a seis personas, quienes todos concuerdan sobre la manera cómo se llevó a cabo la distribución de los recursos a los ex legisladores panistas.
Lozoya ofreció como testigos de sus dichos a empleados y ex trabajadores, así como a Rodrigo Arteaga, su secretario particular; Francisco Olascoaga, ex jefe de departamento en Pemex, y a Norberto Gallardo, miembro del Estado Mayor Presidencial y quien fue su jefe de escoltas. La magistrada puntualizó que tampoco se le puede restar valor probatorio a las declaraciones de Rodrigo Arteaga y Francisco Olascoaga.
En tanto, Lavalle ha argumentado que la FGR ha usado pruebas ilícitas en su contra, como el video donde se ve a Caraveo recibiendo fajos de billetes (12 millones de pesos). La FGR ha mencionado que el propósito de los legisladores panistas, junto con Peña Nieto y Luis Videgaray era concretar la reforma constitucional en materia energética, “pero no por un deber como servidores públicos”, “sino por un interés económico que injustamente recibían”.