Según una investigación de Mexicanos contra la corrupción el conglomerado Odebrecht ejecutó una obra en Michoacán durante el periodo en el que Lázaro Cárdenas Batel, fue gobernador de dicha entidad, y quien actualmente es jefe de asesores del presidente López Obrador.
Cabe señalar que desde la semana pasada la Fiscalía General de la República ha expedido de forma paulatina las copias de los primeros tomos de la carpeta de investigación sobre los sobornos que recibió Emilio Lozoya por parte de directivos de Odebrecht, esto, luego de que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) obligará a la FGR a publicar la información en su portal.
El miércoles 19 de enero se publicaron las primeras 4 mil 784 hojas de la carpeta de investigación. Sin embargo gran parte del expediente se encuentra censurado.
Según la organización dirigida por Claudio X Gonzales, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, obtuvo copia del expediente sin censurar, y realizó un cotejo de los cinco primeros tomos del expediente con lo que verificó que la información de dichos funcionarios se encuentra censurada en las versiones públicas.
Según las investigaciones, la Fiscalía no dio a conocer la relación de Leonardo Cornejo Serrano con la empresa de construcción e ingeniería brasileña. Por ejemplo en Tula y Salamanca la revisión técnica fue por parte de dicho funcionario. Además no solo hubo uno sino dos contratos para Odebrecht en Tula, los cuales fueron validados por Cornejo Serrano.
Además, también fueron testados (es decir borrar o poner bloques negros) los documentos de obra de Odebrecht en Michoacán, dichos proyectos fueron llevados a cabo durante el periodo de gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, quién hoy es responsable de la elaboración de proyectos y asesoría a la Presidencia de la República para la toma de decisiones.
La organización MCCI aseveró que dentro de la información reservada por la Fiscalía General de la República también se encuentran documentos como: una denuncia realizado por Pemex ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR) debido a los indicios de sobrecostos y pagos no justificados.
