Miriam Meza / Grupo Marmor
Tras pasar 3 años y 3 meses en prisión, acusados por los delitos de sabotaje, robo calificado y robo a vehículo automotor por parte del ayuntamiento de Nahuatzen 2018-2021, Gerardo Talavera y dos comuneros indígenas más acudieron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán para exigir justicia y se castigue a los responsables de inventarles los delitos supuestamente cometidos por ellos.
En entrevista, señaló que presionaran a la dependencia para que se ejecute el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el que se exige que se resuelvan los expedientes que están pendientes, apegado a las garantías de los pueblos indígenas.
“Todas estas acciones del gobierno del estado se hacen con la finidad de menoscabar los derechos de la propia comunidad y del gobierno en base a usos y costumbres y en el apartado quinto precisamente se mandata al Fiscal del estado a que resuelva esta situación, porque muchas de las carpetas de investigación que obraron en el expediente de la corte donde se señala un proceso de criminalización y los expedientes y se los haremos llegar”, indicó Gerardo Talavera.
El comunero mencionó que por todo lo que le tocó vivir antes y durante su ingreso al CERESO de Uruapan, ya confía en las instituciones y la comunidad de Nahuatzen confía en que se haga justicia.
“Yo personalmente no le tengo confianza, por todo lo que yo viví pero la comunidad si le tiene confianza vamos a darle la duda, vamos a ver aquí está la comunidad”.
Comentó que tienen expedientes desde el 2018, por ello, al cumplir 18 días en libertad decidieron acudir a la fiscalía para que se resuelvan en breve.
En cuanto a la relación con el ejecutivo estatal reconoció que hay diálogo por lo que espera puedan trabajar en conjunto a favor de Nahuatzen.
