Miriam Meza / Grupo Marmor
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se deslindó de participar en la decisión de los diputados de aplazar la discusión del dictamen sobre la Reforma Constitucional en materia energética para el domingo 17 de abril, según informó la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de la Unión.
Mediante un comunicado el sector empresarial aseguró que dicha determinación la tomaron única y exclusivamente los legisladores, sin consenso con el Consejo de empresarios, para tener la oportunidad de expresar su preocupación en torno a esta Reforma en el recién desarrollado Parlamento Abierto.
En el documento, el organismo empresarial aclaró que no está negociando nada de ese dictamen con el Congreso, y reiteró que sus opiniones las dio en la actividad convocada por la Cámara de Diputados del Parlamento Abierto al igual que lo hicieron distintos sectores y especialistas.
“En este marco, expusimos ya, claramente, nuestras preocupaciones y valiosas propuestas, así lo hicieron también un gran número de organizaciones empresariales, especialistas, académicos, ambientalistas, activistas y jóvenes, las cuales no fueron atendidas en el dictamen final”, se lee en uno de los párrafos.
En este sentido, el Consejo Coordinador Empresarial se dijo comprometido con México y con asegurar que las familias mexicanas tengan energía suficiente, barata y limpia.
“Estas son las metas que requieren la suma de esfuerzos con visión de futuro y sin enfoques excluyentes, México requiere de un marco legal, transparente y confiable que incentive la inversión, la innovación y la competencia”, agregó.
Por lo que los empresarios reiteraron su interés de contribuir a generar dichas condiciones.
Cabe mencionar que en el documento aparece el logo de las 14 organizaciones empresariales, que en su conjunto aglutinan a más de 2 mil asociaciones, que aportan 80% del Producto Interno Bruto (PIB) de México.
La polémica iniciativa del jefe del Ejecutivo, pendiente de discusión para su aprobación en el pleno del Congreso, busca limitar al 46% la participación privada en generación eléctrica para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), empresa del Estado.
También propone la nacionalización del litio, se enmarca dentro de la promesa de fortalecer las estatales CFE y Petróleos Mexicanos (Pemex).
