Naomi Carmona / Grupo Marmor
Morelia, Michoacán.- En el gobierno de Michoacán, ninguna de sus dependencias aplica la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, por lo que ninguna de ellas, se garantiza la contratación mínima del 3% de personal con alguna discapacidad.
El panorama en el ámbito privado no está alejado de esta falta de inclusión, pues sólo dos empresas en todo el estado, están dentro de los indicadores del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia (COEPREDV), que garantizan espacios de trabajo a michoacanos con capacidades diferentes.
Lo anterior lo dio a conocer Yolanda Guerrero Barrera directora del COEPREDV, quien además apuntó que, esta falta de inclusión se debe al desconocimiento de la norma y el desinterés de los empleadores.
Al descartar sanciones a las dependencias estatales y empresas por no respetar la NOM-026, mencionó que el beneficio de la inclusión es social más que económico. En el Consejo tampoco hay registro de denuncias por discriminación laboral.
En torno a las delegaciones estatales, Guerrero Barrera informó que, sólo la Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) y la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) garantizaban la inclusión laboral a personas con discapacidad, sin embargo, al no actualizarse con los requisitos que exige la norma y por reestructuración al interior de las dependencias, perdieron esta garantía.
La Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación es un mecanismo de adopción voluntaria para reconocer a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral y no discriminación, para favorecer el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Esta certificación está dirigida a todos los centros de trabajo públicos, privados y sociales establecidos en la República Mexicana, de cualquier tamaño, sector o actividad. Para obtenerlo, los centros de trabajo deberán recibir una auditoría de tercera parte, para verificar que sus políticas y prácticas cumplen con los requisitos de igualdad laboral y no discriminación.
