Naomi Carmona / Grupo Marmor
Morelia, Michoacán.- Con la votación de 35 diputados a favor y 2 en contra, el Congreso Local aprobó la reestructura de la deuda pública para Michoacán, acción con la cual, el gobierno del estado bajará el pago de 194 millones anualmente a 149 millones, lo que representará un ahorro de 2 mil 700 millones de pesos para los siguientes 5 años de la administración actual.
Entre los argumentos para la reestructura de 19.5 mil millones de pesos, el Poder Ejecutivo recordó el contexto económico de Michoacán que muestra una desaceleración económica desde el ejercicio fiscal 2018, con base en la variación porcentual del Indicador Trimestral de Actividad Económica, que ha mostrado una tendencia negativa desde el tercer trimestre del 2018 al primer trimestre del 2021.
El refinanciamiento permite generar economías por 2 mil 719 millones de pesos, recursos que serán destinados a infraestructura e inversión pública.
En pasados días, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, destacó que, parte de la necesidad para la reestructuración tiene razón en la contratación de deuda en el 2020 por Silvano Aureoles Conejo, por un monto de 4 mil 90 millones de pesos con 12 meses de periodo de gracia de pago capital, pagando únicamente los intereses y sólo 4.5 millones de pesos del préstamo real.
Además, el 34% de la deuda actual está cubierta con un instrumento derivado (SWAP).
En el decreto se establece que los ahorros que resulten de la reestructura tendrán como destino la inversión pública, no podrán utilizarse “bajo ninguna circunstancia” para financiar créditos no comprendidos. El Ejecutivo deberá informar sobre los términos y condiciones de los contratos bancarios al Poder Legislativo, mediante el Registro de los Instrumentos de Crédito correspondientes ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, el Congreso deberá ser informado de las acciones realizadas una vez que termine el proceso de refinanciamiento.
Fueron las diputadas Mónica Valdez Pulido y Belinda Hurtado Marin, las que emitieron su voto en contra. Es así como, por votación mayoritaria la LXXV Legislatura autorizó Poder Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, la contratación de financiamiento y operaciones relacionadas para el refinanciamiento y/o la reestructura de la deuda pública a cargo del Estado y la afectación del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas como fuente de pago.
