Policía del Estado, Partidos Políticos y Congreso, servidores públicos más corruptos

Yhamel Ortiz/ Grupo Marmor

En el marco de las jornadas académicas “Hacia la Implementación de la Política Estatal Anticorrupción en Michoacán”, Elizabeth Vázquez Bernal, presidenta del Comité Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción, señaló que el 49 por ciento de la población en el Estado, tiene conocimiento que se pueden realizar denuncias en contra de servidores públicos que no realicen su labor conforme lo establezca la ley o sea sorprendido en algún acto de corrupción.

En este sentido Vázquez Bernal mencionó que, de este porcentaje, la gran mayoría evita realizar denuncias en contra de los funcionarios públicos por el alto nivel de impunidad que existe en la entidad o por represalias en su contra.

“Debemos crear una conciencia ciudadana de preguntar de exigir nuestros derechos siempre en un ámbito de respeto y disminuir el miedo de preguntar, porque a los michoacanos cuando les preguntamos si conocen el procedimiento para denunciar nos dijeron algunos que sí, el 49 por ciento, pero el otro porcentaje nos dijo que no”.

Elizabeth Vázquez Bernal mencionó también que al interior del estado es donde más se complica realizar encuestas sobre temas de corrupción en los organismos públicos, pues ante la falta de credibilidad que hay en las instituciones, se ha generado una apatía por parte la población para participar en los ejercicios de Sistema Estatal Anticorrupción.

“La realidad es que el estudio que hicimos desde la comisión ejecutiva nos permitió llegar a pocas personas dentro del interior del estado, la gente no quiere participar, ni siquiera contestar una encuesta, lo que podemos observar es que los ayuntamientos más grandes son quienes si participan”.

Por último la presidenta del comité ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción mencionó que mediante un ejercicio en conjunto con la Red Juntos por Michoacán es como se logró identificar que la población desconfía más de los agentes de tránsito, los diputados o diversos servidores públicos por ser etiquetados de ser partícipes de supuestos actos de corrupción.