Hasta tres años de cárcel para el Comisionado de Morelia ante falta de certificación: Barragán

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Laura Avalos / Grupo Marmor

Morelia, Michoacán.-El diputado del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Juan Carlos Barragán Vélez, denunció ante medios de comunicación que el comisionado de seguridad de Morelia, Alejandro González Cussi, no cuenta con la certificación del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza (C3).

Esta aseveración fue realizada luego de una solicitud de acceso a la información, por lo cual, señaló que además, el comisionado de seguridad se encuentra cometiendo un delito al haber portado insignias policiales.

“¿Cómo puedes poner a alguien que no tiene el perfil adecuado al mando de la policía? Si ha violado la ley, porque porta insignias, maneja patrullas, se pone el uniforme de policía y actúa como un policía, es el mando superior después del presidente municipal y el cabildo. (…) Es gravísimo lo que está sucediendo”, agregó.

Por dicho motivo, el diputado por el distrito 16 presentó una denuncia penal con otra en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE) a presentar formal denuncia contra el edil capitalino, Alfonso Martínez Alcázar y Alejandro González Cussi, además de quien resulte responsable por el delito de ejercicio ilícito de servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades y los que resulten.

“Él argumenta que no debe presentar exámenes porque no es policía, pero la ley General Del Sistema Nacional De Seguridad Pública es muy clara. (…) Alejandro González, nunca presentó ningún examen que lo acreditara para estar al frente de una institución como la Policía Morelia, a pesar de que así lo estable la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en sus artículos 13, 39, 88 y 96”, aseveró.

Barragán Vélez también puntualizó que las sanciones son de uno hasta tres años de cárcel para el delito que se le atribuye al Comisionado, mientras que en el caso de acreditarse el delito en contra del alcalde se sanciona de seis meses a cinco años de cárcel.