Morelia, Michoacán.- Tres diputadas locales deberán excusarse de opinar y votar en la solicitud de juicio político en contra del auditor superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, porque están en conflicto de intereses ya que han sido beneficiadas por el propio auditor.
María Guillermina Ríos, Rocío Beamonte Romero y María Guadalupe Díaz Chagolla son las diputadas que no deberán participar en la discusión y votación porque tienen conflicto de intereses al haber recibido beneficios económicos a través de empleos o incluso obras por parte del auditor.
Durante la gestión de Aguirre Abellaneda se han presentado también situaciones de conflicto de intereses con legisladoras locales, las cuales no serían objetivas al momento de emitir su voto.
En el caso de Guillermina Ríos Torres, quien dio de alta a su hijo de nombre José Alfonso García Ríos en tal órgano auxiliar del Congreso de Michoacán, es decir, se convirtió en empleado del propio auditor, generando conflicto de intereses.
La diputada Rocío Beamonte Romero, quien fue titular del DIF estatal durante más de cinco años, en 2019 suscribió contrato de compraventa de Mobiliario y Equipo Educacional, por dos millones 46 mil pesos con Elsa Cecilia Tapia García.
Y la diputada María Guadalupe Díaz Chagolla, quien se desempeñó como directora general del Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado De Michoacán, y como tal firmó 3 contratos con Francisco Javier Fajardo López por más de cinco millones 388 mil pesos, lo que la pone en un evidente conflicto de intereses. Tanto Tapia García como Fajardo López, participan directamente en empresas vinculadas con el auditor.